El diputado de la Asamblea Nacional de 2015 Carlos Paparoni consideró que tras detención de Álex Saab y Álvaro Pulido Vargas, el régimen interino de Delcy Rodríguez continuará entregando a Estados Unidos a prófugos chavistas solicitados por la justicia estadounidense.
Entre los posibles próximos, Paparoni apuntó al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno. “Yo me imagino que Maikel Moreno debe estar metido bajo la cama”, dijo en una entrevista en Bravo Stream. Paparoni basó su pronóstico en publicaciones recientes de medios como Bloomberg y ABC.
Además de Moreno, dijo que el exministro Tareck El Aissami es “una prioridad” para la administración estadounidense actual, que el equipo del secretario de Estado Marco Rubio tiene “un especial interés” en los testaferros Raúl Gorrín y Samark López, y que la Administración para el Control de Drogas (DEA) tiene “bastante cariño” por Pedro Luis Martín.
El diputado señaló que aunque la Constitución prohíbe en su artículo 69 extraditar a venezolanos, podrían usarse otras fórmulas. «Puede ser un escape, puede ser una captura de un cazarrecompensas y entregarlo, o quizás terminamos viendo algún estilo de convenio para burlar el artículo 69 de la Constitución. Capaz no lo llamen extradición, sino una cooperación especial«, afirmó.
En el caso de Álex Saab, el régimen de Rodríguez lo entregó a Estados Unidos el 16 de mayo de 2026 argumentando que era colombiano, como consta en el comunicado del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), que habló de una «deportación». Sin embargo, Saab había sido nacionalizado venezolano, estaba inscrito en el Registro Electoral, llegó a ser ministro del régimen chavista y fue defendido por el chavismo como un «diplomático venezolano», incluso como «enviado especial» de la Presidencia de la República.
En el caso de Álvaro Pulido, el régimen no ha explicado cómo fue entregado. Aunque nació en Colombia, también es venezolano por naturalización.
Paparoni planteó que el retiro de la sanción al presidente de la fraudulenta Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, podría abrir el camino para que en un futuro el Parlamento apruebe acuerdos o tratados con Estados Unidos en referencia a una posible cooperación para la entrega de prófugos solicitados por la justicia estadounidense. «Yo creo que esto puede ser una pieza para algo más grande más adelante», dijo.
Paparoni afirmó que estas entregas «nos acercan más a la verdad, que debe terminar en la justicia», y que la sociedad venezolana debe dar un debate sobre cómo construir un sistema de justicia real. «Tenemos que tener un primer gran acuerdo: estos tipos, los que nos robaron, los que nos hicieron daño, los que hicieron de todo para mantenerse, no podemos ofrecerles más que terminen presos y pobres«, dijo.
Los chavistas solicitados por EE.UU.
Tareck El Aissami, exvicepresidente ejecutivo, exministro y exgobernador chavista, es acusado por Estados Unidos de haber facilitado envíos de narcóticos desde Venezuela, incluido el control de aviones que salían de una base aérea venezolana y de rutas de droga por puertos del país, y de haber supervisado o sido copropietario en varias ocasiones de cargamentos de más de 1.000 kilogramos con destino final a México y Estados Unidos. El 13 de febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo designó como narcotraficante especialmente designado (SDNT) bajo la Ley Kingpin. El 1 de marzo de 2019, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de violar las sanciones estadounidenses por el uso de aviones privados, y el 13 de marzo de 2020 emitió una segunda acusación por conspirar con otras dos personas para realizar transacciones prohibidas con bienes bloqueados y evadir las disposiciones de la Ley Kingpin. Desde marzo de 2020, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Fue detenido en Venezuela en 2024 en una purga interna del chavismo.
Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de Inteligencia Económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), fue acusado en abril de 2015 por un gran jurado federal en Miami por distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con conocimiento de que serían importados a Estados Unidos, poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una aeronave registrada en ese país y conspirar para importarla (caso 15-cr-20299). Estados Unidos ofrece desde marzo de 2020 una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.
Maikel Moreno, expresidente presidente del TSJ, fue acusado en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero, por la presunta recepción de decenas de millones de dólares en sobornos para manipular casos civiles y penales. Desde 2020, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Entre los hechos que le atribuye la denuncia está haber autorizado la incautación y venta de una planta de General Motors, valorada en unos 100 millones de dólares, a cambio de un porcentaje de las ganancias.
Samark López, señalado como presunto testaferro de Tarek El Aissami, tiene desde 2020 una recompensa de hasta 5 millones de dólares del Departamento de Estado. Fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York, junto con El Aissami y Joselit Ramírez, por delitos transnacionales, incluida la evasión de sanciones de la OFAC. Está detenido en Venezuela desde 2024, como parte de una purga interna del chavismo tras la caída en desgracia de El Aissami.
Raúl Gorrín, empresario venezolano y dueño y presidente del canal Globovisión, figura entre los fugitivos más buscados del grupo de trabajo El Dorado de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami. En agosto de 2017, un tribunal federal del Distrito Sur de Florida lo acusó de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), de conspirar para lavar dinero y de nueve cargos de lavado de dinero. Según la acusación, lavó unos 1.000 millones de dólares y pagó 94 millones de dólares en sobornos a los extesoreros nacionales Claudia Patricia Díaz Guillén y Alejandro Andrade Cedeño para obtener derechos de cambio de divisas con tasas favorables. En 2023, Díaz Guillén fue condenada a 15 años de prisión por lavado de dinero en un caso en el que Gorrín es el principal acusado.
“Yo me imagino que Maikel Moreno debe estar metido debajo de una cama”.@CarlosPaparoni nos vaticina quien podría ser el próximo extraditado de la cúpula del régimen venezolano a los Estados Unidos: pic.twitter.com/mhZKfH7TDM
— Bravo (@estoesbravo) October 15, 2026
