El Frente Nacional de Abogados de Venezuela exigió la conformación de una junta de transición que convoque a elecciones presidenciales inmediatas y llamó a la Fuerza Armada y a los cuerpos policiales a desconocer las órdenes de las autoridades del régimen que considera ilegítimas.
El pronunciamiento se produjo durante una movilización pacífica de trabajadores de la salud, docentes, sindicalistas y familiares de presos políticos que pretendía llegar al Palacio de Miraflores. La marcha fue bloqueada por un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la calle Norte 4, a la altura de la iglesia de Altagracia. Sin embargo, comisiones laborales lograron avanzar para entregar un pliego de demandas salariales y exigir la reincorporación de sindicalistas destituidos.
El presidente del Frente, Noé Mujica, justificó el desconocimiento de las autoridades al denunciar violaciones constitucionales por parte de Delcy Rodríguez y cuestionar el proceso de designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«Les estamos pidiendo que se subordinen a las directrices del pueblo. Y en tal sentido queremos avanzar hasta Miraflores para exigir que sea conformada una junta de transición de gobierno que convoque con inmediatez a unas elecciones generales libres y transparentes que le devuelvan la democracia al pueblo venezolano», afirmó Mujica.
El dirigente también instó a los funcionarios militares y policiales a desobedecer las órdenes que, según el gremio, carezcan de legitimidad constitucional.
Por su parte, Moisés Mujica llamó a los sectores de la sociedad civil a organizarse para continuar la movilización y pidió a los cuerpos de seguridad que permitan el avance de la protesta pacífica hacia Miraflores.
El manifiesto del Frente Nacional de Abogados se fundamenta en los artículos 25, 138, 333 y 350 de la Constitución venezolana. Además, exhorta a los abogados del país a no postularse ni convalidar los actos del Comité de Postulaciones Judiciales y a mantener las denuncias ante organismos internacionales.
La organización también cuestionó la incorporación de 11 diputados entre los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, al considerar que esa modificación vulnera el artículo 270 de la Constitución y reduce la representación de la sociedad civil en el proceso de designación de magistrados del TSJ.
Nota de prensa
