Activistas venezolanos y argentinos acudieron este miércoles a los Tribunales Federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, a una audiencia de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa por crímenes de lesa humanidad del régimen chavista, donde exigieron mantener abierta la investigación.
La audiencia se realizó tras un recurso presentado por la defensa del represor chavista Justo Noguera Pietri, excomandante de la Guardia Nacionao Bolivariana (GNB), quien está imputado en la causa y prófugo, con orden de captura internacional. El pedido busca anular la aplicación de la jurisdicción universal, el principio que permite investigar en Argentina graves violaciones de derechos humanos cometidas en otros países.
Los activistas pidieron a los jueces Carlos Alberto Mahiques, Ángela E. Ledesma y Guillermo J. Yacobucci rechazar el planteo y advirtieron que una decisión favorable a Noguera Pietri afectaría una de las investigaciones más importantes abiertas fuera de Venezuela sobre estos crímenes.
El abogado querellante Tomás Farini Duggan dijo que los jueces decidirán «como jueces de Núremberg» si condenan los crímenes de lesa humanidad o los avalan. «Se está poniendo en duda la subsistencia de la jurisdicción universal en la Argentina. Si se resuelve haciendo lugar a los pedidos de los torturadores, terminarán las órdenes de captura decretadas contra todos ellos», advirtió.
La diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso argentino, sostuvo que las democracias deben poner su justicia «al servicio de aquellos que aún hoy siguen viviendo en una dictadura». Dijo que «si lamentablemente todavía no se los puede juzgar en Venezuela, aquí en Argentina estamos para poder hacerlo».
Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), advirtió que sería «lamentable, doloroso e incluso peligroso para las víctimas que esta causa se cierre si es que se escucha el pedido de uno de los perpetradores».
Una causa abierta desde 2023
La causa tramita desde 2023, a partir de una denuncia presentada en enero por el FADD. En junio de ese año, la Fundación Clooney para la Justicia presentó otra denuncia sobre violaciones de derechos humanos ejecutadas por fuerzas de seguridad venezolanas.
En el marco de esta causa, en septiembre de 2024, el juez federal Sebastián Ramos ordenó la captura internacional, con vistas a indagarlos, del dictador Nicolás Maduro, del ministro de Interior Diosdado Cabello, de Noguera Pietri y de otros trece funcionarios por crímenes de lesa humanidad contra la población civil en Venezuela. Tras la captura de Maduro por Estados Unidos el 3 de enero, el juez pidió el 4 de febrero de 2026 su extradición a Argentina.
Además de las víctimas venezolanas, el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien sobrevivió 448 días secuestrado por el régimen chavista, también se presentó como víctima y querellante en esta causa. En abril testificó sobre las torturas sufridas y pidió órdenes de captura también contra otros funcionarios responsable sde su detención arbitraria, como el exfiscal general Tarek William Saab.
