El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sostuvo este martes una reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, en la que presentó un conjunto de aportes preliminares en materia de derechos humanos para avanzar hacia una transición democrática en el país.
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, entregó a Figuera y su equipo una comunicación en la que se subraya la urgencia de corregir las fallas estructurales que han propiciado violaciones graves a los derechos humanos, la impunidad y la denegación de justicia en Venezuela. La organización sostiene que la protección de los derechos humanos y las garantías para el pluralismo son las bases fundamentales para la reconstrucción institucional y social que demanda el país, y advirtió que no existe un reto más importante en los meses siguientes que impulsar la reinstitucionalización, recuperando la separación e independencia de los poderes públicos.
El documento señala que los primeros poderes en ser reconstruidos deben ser el Judicial y el Electoral, subordinados por largo tiempo al Ejecutivo. Citando la posición de los obispos venezolanos expresada en febrero de este año, Provea recordó que garantizar la soberanía y autodeterminación del país requiere reconstruir la institucionalidad democrática, restituir la independencia de los poderes, y contar con un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un Consejo Nacional Electoral (CNE) creíbles, que garanticen elecciones libres.
Reforma judicial y desmantelamiento del andamiaje represivo
En materia de justicia, el documento plantea la necesidad de una reforma a fondo del Poder Judicial que vaya más allá de la designación de nuevos magistrados, y que presuponga un compromiso auténtico con el Estado de derecho, con consulta amplia y participación efectiva de distintos sectores. Como paso inmediato, la organización exigió el cese de los procesos de investigación y enjuiciamiento basados en motivos políticos, la liberación de todas las personas detenidas por esa causa, y la garantía de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Provea hizo un llamado a desmantelar el andamiaje jurídico que limita y criminaliza el espacio cívico, y consideró imperativo revisar de forma amplia el ordenamiento jurídico para armonizarlo con los estándares internacionales. La organización subrayó además la necesidad de desmantelar el aparato policial-judicial represivo, al señalar que los cuerpos policiales y las unidades de inteligencia y contrainteligencia militar han sido organizados para la persecución de opositores y disidentes. Provea instó también a que Venezuela retorne plenamente a las competencias del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH) y acate las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana, así como las del Sistema Universal de la ONU.
Elecciones libres
En el ámbito electoral, Provea señaló como fundamental la construcción de «una ruta clara y creíble» para la reinstitucionalización del Poder Electoral, que incluya la elección de un nuevo presidente conforme a lo constitucionalmente establecido y en un plazo razonable. La organización instó a Figuera y su equipo a incidir ante la comunidad internacional para la realización de elecciones libres y transparentes.
Provea advirtió que la crisis económica crónica ha socavado dramáticamente las garantías de alimentación, salud, educación, trabajo digno y vivienda, e insistió en que la agenda social debe ser prioritaria en el marco del diálogo para la transición democrática. En el sector salud, planteó restablecer la institucionalidad del sistema sanitario público, comenzando por dictar una Ley Orgánica de Salud con amplia consulta a gremios, la comunidad científica, la sociedad civil y el sector privado, y ampliar la cooperación internacional coordinada por la ONU.
La organización abogó además por establecer y consolidar el Diálogo Social Tripartito entre el Estado, los trabajadores y los empleadores, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como mecanismo idóneo para la reconstrucción del salario, las prestaciones y la seguridad social, tras años de pérdida del poder adquisitivo.
