La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Sofía Macher, alertó que los principales organismos de seguridad e inteligencia investigados por la misión «siguen operando sin reformas sustantivas de sus estructuras y prácticas», durante una rueda de prensa en Ginebra.
Macher presentó los hallazgos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, un período marcado, según explicó, por la intervención militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero, que la misión ha calificado como «contraria al derecho internacional», y que condujo a la aprehensión del dictador Nicolás Maduro y abrió una nueva etapa política.
La presidenta de la misión reconoció que, desde entonces, se han producido excarcelaciones, han disminuido las nuevas detenciones políticas de larga duración, y se observa una mayor actividad pública y política, con consecuencias reales para muchas familias venezolanas. Sin embargo, precisó que la pregunta central de la misión ha sido si esos cambios han ido acompañados de una transformación de las estructuras que hicieron posible la represión durante años. «Hasta ahora, la misión no ha encontrado indicios suficientes de una ruptura genuina y sostenible«, afirmó.
Macher detalló que los principales organismos de seguridad e inteligencia investigados por la misión, entre ellos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), continúan operando sin reformas sustantivas. Precisó además que siguen vigentes instrumentos jurídicos utilizados para restringir la actividad de la sociedad civil y silenciar la disidencia, y que tampoco se han resuelto las preocupaciones de larga data sobre la independencia judicial.
La presidenta de la misión afirmó que la continuidad también se observa en las personas que ocupan puestos de responsabilidad. La investigación identificó al menos 12 personas que siguen desempeñando cargos públicos y que habían sido señaladas en informes anteriores por su participación en violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, cuya situación, según Macher, exige investigaciones independientes y decisiones fundadas en las garantías del debido proceso. «No puede haber una mejora duradera mientras las instituciones permanezcan sin reforma y los hechos documentados sigan sin una respuesta efectiva de la justicia», sostuvo.
Macher precisó además que la apertura política sigue siendo limitada, y que han continuado la vigilancia, el hostigamiento y los obstáculos al ejercicio libre del periodismo y la participación cívica. «Se han seguido cometiendo violaciones graves. La disminución de algunos abusos no permite concluir, sin embargo, que el aparato que los hizo posibles haya desaparecido», afirmó.
La presidenta de la misión sostuvo que Venezuela tiene hoy una oportunidad de avanzar hacia un cambio real, para lo cual se necesita una hoja de ruta pública elaborada con la participación de las víctimas y la sociedad civil, con plazos e indicadores que permitan verificar las excarcelaciones, las reformas institucionales, la protección de las libertades y los avances en justicia. «La comunidad internacional debe situar estos objetivos en el centro de su relación con las autoridades venezolanas», concluyó Macher.
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— Monitoreamos (@monitoreamos) September 17, 2026
