En el marco del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una coalición de organizaciones de la sociedad civil realizó este 16 de septiembre el evento paralelo «La urgente necesidad de renovar la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela», en el Palacio de las Naciones, en Ginebra.
El evento fue organizado por Aula Abierta, la Organización Internacional del Servicio para los Derechos Humanos (ISHR), Civilis Internacional, Alerta Venezuela, la Fundación Friedrich Naumann, la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), Amnistía Internacional, la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Provea, el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (GCR2P), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Cepaz, Voto Joven, Acceso a la Justicia y CIVICUS. Contó con la participación de Alex Neve, María Eloísa Quintero y Sofía Macher, expertos de la misión, así como de la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Venezuela, Gloria de Mees.
Un reacomodo de fuerzas, no una transición
En las palabras de apertura, el director de Aula Abierta, David Gómez Gamboa, enfatizó que las razones que dieron origen a la creación de la misión persisten en 2026, y que el mecanismo mantiene una utilidad estratégica fundamental para la lucha contra la impunidad y la construcción de memoria histórica.
La directora de Alerta Venezuela, Ligia Bolívar, afirmó que la situación política venezolana no corresponde a un proceso de transición democrática, sino a «un reacomodo de fuerzas donde permanecen intactas las estructuras políticas, económicas y represivas». «En el análisis que publicamos en Alerta Venezuela el mismo 3 de enero, calificamos la situación de Venezuela como una transición tutelada. El paso de los meses nos permite afirmar que Venezuela no se encuentra en un proceso de transición a la democracia, sino en un reacomodo de fuerzas», afirmó.
Bolívar explicó que las excarcelaciones registradas no implican libertades plenas ni el cierre de procesos judiciales, y citó el caso de Emirlendris Benítez, documentado por la misión, quien sufrió torturas que le provocaron la pérdida de su embarazo y de la movilidad. Reportó, además, que entre enero y julio de 2026 se registraron 161 violaciones a la libertad de expresión, según Espacio Público, y denunció la desarticulación institucional tras la desaplicación de la Ley de Amnistía, cuyas solicitudes fueron transferidas a un ente informal, el «Programa para la Convivencia Democrática y la Paz», que operó sin decreto ni respaldo legal, y cuya vigencia de 100 días fue prorrogada indefinidamente. Precisó que las autoridades no entregaron listas de excarcelados ni permitieron el acceso a los centros penitenciarios.
Un entramado de 38 normas restrictivas
El director de Civilis Internacional, Ricardo Villalobos Fontalvo, sostuvo que en Venezuela se mantienen 38 normas contrarias a la Constitución y los tratados internacionales, diseñadas para castigar a la sociedad civil. Destacó la Ley de Fiscalización de las ONG, aprobada en agosto de 2024, que condicionó el estatus legal de las organizaciones bajo trámites costosos, y precisó que, según una encuesta a 101 ONG, el 20,8% suspendió actividades y solo el 3,4% de las organizaciones de derechos humanos logró registrarse, frente a un 25% de aceptación entre las de carácter humanitario.
Villalobos detalló que la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contempla penas de hasta 30 años de prisión e inhabilitaciones de hasta 60 años por promover el escrutinio internacional, y presentó cifras del Monitor Cívico, que documentó 99 eventos represivos y 395 incidencias de vulneraciones entre abril y junio. Sobre la respuesta a los terremotos, denunció que las autoridades apenas desplegaron el 12,6% de su capacidad en las primeras 24 horas, y que cuerpos como el SEBIN y la PNB obstruyeron centros de acopio independientes.
Por su parte, Gómez Gamboa alertó sobre cortes eléctricos diarios de más de ocho horas y la asfixia presupuestaria contra las universidades, donde el salario de un profesor es menor a 2 dólares mensuales.
Detenciones arbitrarias y crímenes internacionales
La encargada de Campañas para América Latina de Amnistía Internacional, Clara del Campo, señaló que el trabajo coordinado de ONG y familiares contabiliza entre 328 y 400 personas en detención arbitraria por motivos políticos, y citó los casos de la adolescente Samantha Hernández y su hermana Aranza, Óscar Morales, y Juan Carlos Marrufo, en el internado judicial Rodeo I. Alertó también sobre traslados sin notificación que configuran desapariciones forzadas, como el de Jorge Guanares, de quien se desconoce el paradero desde el 2 de agosto de 2024, y denunció causas penales abiertas contra defensores como Carlos Correa, Carlos Julio Rojas, Javier Tarazona y Rocío San Miguel.
El secretario general de la ICJ, Santiago Canton, afirmó que el aparato represivo venezolano «se construyó con una finalidad muy concreta: la permanencia en el poder», y precisó que, mientras el régimen informó sobre 8.000 beneficiarios de la Ley de Amnistía, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos solo pudo confirmar 1.149 excarcelaciones entre finales de 2025 y junio de 2026. Citó el caso de Víctor Quero, detenido y desaparecido en enero de 2025, cuya muerte en custodia en julio de ese año fue ocultada a su madre, Carmen Navas, hasta mayo de 2026.
El director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Carlos Lusverti, denunció la falta de transparencia en las reformas a la Ley Orgánica del TSJ y en los nombramientos del nuevo fiscal y la Defensora del Pueblo, quienes, según dijo, no cumplen con las credenciales exigidas por la Constitución. «Al punto que luego de 10 días de aprobada la ley aún no ha sido publicada en la Gaceta Oficial», afirmó.
Cuatro peticiones a los Estados miembros
El representante de Transparencia Venezuela, Luis Carlos Díaz, formuló cuatro peticiones: renovar el mandato de la misión y de la Oficina del Alto Comisionado; otorgarles recursos y tiempo para seguir investigando; mantener el escrutinio internacional mientras Venezuela no tenga instituciones independientes; y escuchar y proteger a las víctimas, venezolanas y extranjeras.
Las organizaciones convocantes reiteraron que la renovación de la misión resulta vital para prevenir la consolidación de factores de riesgo de crímenes de atrocidad y evaluar si las medidas del régimen constituyen cambios verdaderos o maniobras efímeras.
