El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó sobre la consolidación de los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) como “cárceles paralelas” en Venezuela, debido a las condiciones de reclusión, la falta de clasificación de los detenidos y las deficiencias en la atención de sus necesidades básicas.
Según el informe especial del OVP, 56,7% de las personas privadas de libertad registradas en estos espacios tiene entre 26 y 45 años, lo que representa 4.205 personas. La investigación también identificó casos en los extremos etarios: 17 adolescentes de entre 14 y 17 años y 181 adultos mayores de 65 años.
El organismo señaló que en los calabozos del Cicpc conviven personas detenidas por delitos de distinta naturaleza y gravedad. Entre los delitos con mayor incidencia figuran el homicidio, con 837 casos (11,3 %); delitos sexuales, con 442 (6 %); robos, con 182 (2,5 %); hurtos, con 134 (1,8 %); drogas, con 224 (3 %); extorsión, con 71 (1 %) y secuestro, con 27 casos (0,4 %).
El OVP advirtió que la ausencia de una clasificación adecuada de los detenidos incrementa los riesgos de violencia, victimización y vulneración de derechos, al mantener en un mismo espacio a personas con perfiles jurídicos y criminológicos distintos.
De acuerdo con estándares internacionales citados por el organismo, para custodiar adecuadamente a esta población serían necesarios al menos 2.226 funcionarios distribuidos en tres turnos. La falta de personal suficiente, según el informe, favorece situaciones de autogobierno y aumenta el riesgo de fugas.
Otro de los problemas señalados es la carga económica que recae sobre los familiares. Según testimonios recopilados por el OVP, algunas familias deben realizar pagos irregulares de hasta 200 dólares para garantizar alimentación, agua, llamadas telefónicas o atención médica básica para los detenidos.
“El acceso a un trato digno dejó de depender del Estado y pasó a depender de la capacidad económica de los familiares”, explicó una investigadora del OVP. Advirtió que quienes no cuentan con recursos permanecen expuestos al hacinamiento y a condiciones deficientes de salud.
El organismo también señaló que no existe información pública que permita identificar una asignación presupuestaria específica para cubrir las necesidades básicas de las personas recluidas en los calabozos. Incluso, afirmó haber documentado casos en los que funcionarios han tenido que asumir de su propio bolsillo gastos como traslados a tribunales o ayuda alimentaria para detenidos sin recursos.
La situación, además, impacta directamente a las familias. “La detención no solo golpea al detenido, sino a los familiares. Hablamos de desintegración familiar y profundización de las vulnerabilidades sociales”, explicó la investigadora.
Ante este panorama, el OVP exigió reducir el uso de la prisión preventiva, acelerar los procesos judiciales para evitar que los detenidos pasen hasta un año sin sentencia, trasladar a las personas procesadas a centros penitenciarios, garantizar transparencia en los datos y establecer mecanismos de supervisión independiente.
También reclamó fortalecer la formación en derechos humanos dentro de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), como parte de las medidas necesarias para mejorar las condiciones de custodia y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
Ya está disponible nuestro informe especial La consolidación de los calabozos del Cicpc como cárceles paralelas en #Venezuela.
Puedes consultarlo en el siguiente enlace:https://t.co/y4DYHDUR2j
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) September 10, 2026
