La organización Transparencia Venezuela advirtió que «el problema no es la inversión petrolera, sino la falta de transparencia, legalidad, rendición de cuentas y garantías democráticas» del acuerdo energético anunciado entre Estados Unidos y el régimen chavista.
En un comunicado, la organización reconoció que Venezuela necesita con urgencia inversiones nacionales y extranjeras, especialmente en el sector petrolero, y que Estados Unidos ha sido un socio histórico reconocido por muchos venezolanos como un aliado potencial para el desarrollo. Sin embargo, precisó que, después de dos décadas de relaciones opacas que fortalecieron estructuras autoritarias, corrupción y captura institucional, «Venezuela no puede aceptar nuevos acuerdos sin reglas claras».
La organización cuestionó el acuerdo petrolero anunciado el pasado 31 de agosto por la Casa Blanca, que incluiría una concesión por 100 años para explotar 17 campos petroleros, equivalentes a más del 20% de las reservas probadas del país, por seis razones principales.
Transparencia Venezuela señaló, en primer lugar, la falta de discusión pública previa al acuerdo, cuya información ha sido «fragmentaria» y posterior a la firma de memorandos y contratos, lo que refuerza la percepción de que se negoció «de espaldas al país, sin consentimiento informado».
En segundo lugar, cuestionó la dimensión y alcance del acuerdo, al no haberse publicado el convenio ni los contratos relacionados, lo que impide conocer con certeza cuáles son los 17 campos incluidos, por qué se estableció un plazo de 100 años, ni bajo qué figura jurídica operaban previamente. La organización mencionó además reclamos de empresas con derechos previos, como Delta Finance, vinculada a la empresa mixta Petrodelta, cuya participación en seis campos del oriente del país habría sido revocada y transferida a Pacific Coast Energy Company.
Dudas sobre la legalidad del acuerdo
En tercer lugar, la organización planteó varias interrogantes jurídicas: que la figura de concesión no estaría prevista en la legislación vigente; que la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2026 establece un plazo máximo de 25 años con prórroga de hasta 15, mientras la Casa Blanca menciona un plazo de 100 años; que la Asamblea Nacional es el órgano facultado para aprobar este tipo de contratos, conforme a los artículos 150, 187.9 y 187.18 de la Constitución; que no está claro quiénes son todas las partes del convenio ni sus responsabilidades; y que no se ha precisado el régimen fiscal, pese a que Rodríguez mencionó que Venezuela recibiría 209.000 millones de dólares en 25 años, sin relacionar esa cifra con estimados de producción, precios del petróleo o porcentajes de regalías e impuestos.
En cuarto lugar, la organización cuestionó la selección de North American Blue Energy Partners (NABEP), y consideró indispensable aclarar bajo qué condiciones la empresa llegó a ocupar una posición relevante en el sector petrolero venezolano, y qué vínculos sostuvo con los regímenes de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.
Transparencia Venezuela recordó que el socio mayoritario de NABEP, Alejandro Betancourt, ha sido mencionado en investigaciones en España y Suiza vinculadas al caso Atlantic, relacionado con 4.850 millones de dólares, y que antiguos socios asociados a negocios con Derwick han enfrentado procesos en Estados Unidos por el caso «Money Flight», relacionado con 1.200 millones de dólares.
En quinto lugar, la organización advirtió que Venezuela aún no cuenta con instituciones democráticas ni garantías suficientes para proteger a inversionistas, ya que la deuda pública está en cesación de pagos desde 2017, y empresas como ConocoPhillips, con una acreencia cercana a 12.000 millones de dólares, no han podido cobrar pese a ganar arbitrajes internacionales. La organización citó además publicaciones de Reuters que informan que varios de los campos incluidos en el convenio están asignados a empresas mixtas con China y Rusia, cuya situación formal no se ha aclarado.
Finalmente, la organización planteó la necesidad de garantías efectivas de sostenibilidad ambiental, incluidos estudios de impacto ambiental y sociocultural, conforme al artículo 129 de la Constitución, tras décadas de derrames, daño ambiental y desplazamiento de comunidades.
Transparencia Venezuela sostuvo que el país necesita «capitales constructivos» que actúen como aliados de la democracia, y advirtió que los convenios firmados por un gobierno «ilegítimo», señalado por su responsabilidad en la destrucción institucional, la represión y la corrupción, no generan la confianza que los inversionistas necesitan. La organización llamó a fortalecer las instituciones, incluida PDVSA, y a publicar el convenio completo junto con los contratos relacionados de forma proactiva. «El Gobierno de Venezuela debe publicar todos los documentos y dar respuesta a todas las dudas que este convenio ha generado», concluyó la organización.
