La organización Acceso a la Justicia propuso este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de medidas para garantizar que la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se realice conforme a la Constitución, con transparencia, participación ciudadana e independencia judicial.
Durante una audiencia del 196.º período de sesiones de la CIDH, la organización sostuvo que el proceso de reinstitucionalización que atraviesa Venezuela representa una oportunidad para reconstruir las instituciones democráticas y, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, adecuar la selección de los magistrados al modelo constitucional.
Acceso a la Justicia recordó que la renovación del TSJ comenzó en abril de este año, pero quedó suspendida a finales de junio debido al doble terremoto que afectó al país. A juicio de la organización, esta pausa brinda la posibilidad de corregir las deficiencias detectadas antes de que el proceso continúe.
En su intervención, advirtió que la actual Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se aparta de lo establecido en la Constitución al otorgar a la Asamblea Nacional el control de la fase de preselección de candidatos, en lugar de dejar esa responsabilidad exclusivamente en un Comité de Postulaciones Judiciales integrado por representantes de la sociedad civil.
La organización señaló que esta modificación ha reducido la participación ciudadana y favorecido la politización del proceso de designación de magistrados.
Asimismo, destacó que la ley puede ser reformada, tal como ocurrió recientemente cuando se modificó para aumentar el número de magistrados del TSJ. En ese sentido, consideró que también puede adecuarse al texto constitucional para devolver a la sociedad civil el papel central en la preselección de los aspirantes.
Acceso a la Justicia agregó que, incluso si esa reforma no se concreta, el proceso de selección actualmente suspendido debería retrotraerse hasta la fase de convocatoria de postulaciones, debido a que, según afirmó, esta se desarrolló sin cumplir con los principios de transparencia establecidos en la propia legislación.
Entre las medidas planteadas, la organización pidió la publicación del baremo de evaluación, el número de vacantes disponibles, las salas del TSJ que serán renovadas y toda la información necesaria para garantizar un proceso abierto, verificable y sujeto al escrutinio público.
Finalmente, sostuvo que la CIDH puede desempeñar un papel relevante como acompañante técnico del proceso, promoviendo la aplicación de estándares internacionales sobre independencia judicial, transparencia y mérito.
«La reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela comienza por recuperar la independencia de sus jueces. Y esa confianza solo podrá restablecerse mediante un proceso de selección constitucional, transparente, participativo y basado exclusivamente en el mérito», concluyó la organización.
