Familiares de las víctimas en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y 2023 en Perú rechazaron el virtual triunfo de la derechista Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales, pues aseguraron que, además de ser «hija de un dictador», ha blindado a los responsables de las muertes de sus allegados.
La Asociación de Mártires y Víctimas de las protestas de 2022 y 2023, que representan a las 49 víctimas mortales y decenas de heridos de las protestas que rechazaban a la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) y pedían la liberación del exmandatario Pedro Castillo (2020-2021), realizó este martes un plantón frente al Palacio de Justicia.
«No vamos a aceptar un gobierno de la hija de un dictador», dijo la principal vocera de la organización, Milagros Samillán, cuyo hermano fue asesinado en la localidad sureña de Juliaca mientras auxiliaba a los heridos de una protesta.
Samillán expuso que, desde que ocurrieron las masacres hace tres años, han marchado en busca de justicia, pero expresó que el partido de Fujimori blindó a Boluarte y a los que fueron ministros en el momento de la represión.
Apuntó que, desde el Congreso, el fujimorismo ha promovido leyes que buscan la impunidad de los policías y militares responsables de las muertes de sus familiares.
Junto a fotografías de los rostros de los fallecidos en manifestaciones de Ayacucho, Apurímac , Juliaca, Junín y Macusani, los familiares expusieron que Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), no les representa y que, en el sur de Perú, quien ha ganado de forma «contundente» es Sánchez.
«Venimos tres años caminando en las calles y no vamos a parar. Haremos frente a un gobierno dictador, vendremos a la capital las veces que tengamos que venir para decir no más impunidad, no más blindaje a los responsables de los asesinatos y de las masacres vividas en nuestras regiones», dijo Samillán.
La asociación sostiene que la eventual llegada al poder de Fujimori va a suponer un retroceso en los derechos humanos en todo el país y recordaron que aún hay personas víctimas de delitos cometidos bajo el mandato de Alberto Fujimori que no han encontrado justicia.
Gobierno «ilegítimo»
Además, la organización sostiene que el proceso electoral ha contado con irregularidades en el conteo de votos en el exterior, donde ganó la derechista, y el Gobierno de Fujimori será «ilegítimo».
En este sentido, pidieron explicaciones sobre porqué en la segunda vuelta el voto extranjero no se digitalizó como en la primera y «cambiaron las reglas en el último momento», algo que crea «desconfianza del pueblo».
«Responsabilizamos a Keiko de lo que pase en las calles porque sabemos cómo fue el pasado fujimorista y también cómo ha actuado en la actualidad con leyes procrimen y blindaje de responsables», dijo Samillán al anunciar que colectivos sociales, estudiantiles y otros movimientos se van a organizar para hacer frente al próximo gobierno.
La asociación afirmó que no son «terroristas por pedir justicia», sino familiares peruanos a los que se les ha arrebatado la vida de sus seres queridos.
Al 99 % del escrutinio, Fujimori mantiene un estrecho margen de apenas 30.000 votos sobre Sánchez, pero la mayoría de actas pendientes de ser contabilizadas son de la capital Lima, donde ella gana a su rival con amplia mayoría, lo que dibuja un muy probable triunfo de la hija del expresidente, en su cuarto intento por llegar al sillón presidencial que ocupó su padre. EFE
