El exdiputado de la Asamblea Nacional y exalcalde del municipio Iribarren, Macario González, acudió este martes al Ministerio Público para solicitar una investigación sobre la desaparición forzada que asegura haber sufrido luego de ser arrestado por funcionarios del Sebin en septiembre de 2025.
Durante declaraciones ofrecidas en Caracas, el dirigente político relató que fue interceptado a las afueras de la Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto, sin orden judicial ni notificación formal de cargos. Según explicó, permaneció incomunicado durante más de dos meses en una sede del Sebin ubicada en la capital larense.
“Fueron 68 días y 68 noches secuestrado por el Sebin del estado Lara”, afirmó González al recordar que durante ese período nunca recibió información sobre las razones de su arresto.
El exparlamentario sostuvo que sus familiares y representantes políticos introdujeron denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo mientras desconocían su paradero. Sin embargo, aseguró que en ese momento no obtuvieron respuestas de las autoridades del régimen.
González indicó que decidió consignar nuevamente su caso tras la designación del fiscal general Larry Devoe Márquez, a quien pidió abrir una investigación y determinar responsabilidades por lo ocurrido. A su juicio, los hechos constituyen un delito de desaparición forzosa que no puede quedar impune.
Asimismo, señaló que durante el tiempo que permaneció retenido los funcionarios le comunicaban que actuaban siguiendo “órdenes superiores”. Por ello, responsabilizó políticamente a altos representantes del régimen, entre ellos al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
El dirigente aseguró además que las condiciones de reclusión afectaron gravemente su salud. Explicó que posteriormente sufrió un accidente cerebrovascular leve, situación que habría motivado su liberación para recibir atención médica.
“Estoy dedicado a denunciar esta situación para que no vuelva a repetirse sobre nadie”, expresó.
Durante la actividad también intervino el exdiputado William Dávila, quien manifestó respaldo a González y denunció que en Venezuela continúan registrándose detenciones clandestinas y desapariciones temporales de ciudadanos vinculados a la disidencia política.
Dávila afirmó que familiares, abogados y organismos internacionales frecuentemente reciben negativas sobre el paradero de los detenidos. “Aquí tiene que haber justicia, verdad y reparación”, sostuvo al advertir sobre las condiciones de salud de varios presos políticos que continúan encarcelados pese a padecer enfermedades o secuelas físicas derivadas de abusos durante su detención.
