La presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, volvió a pronunciarse este sábado sobre el caso de Víctor Hugo Quero Navas, advirtiendo que el preso político «no puede ser enterrado dos veces: primero en el silencio y luego en la impunidad».
Solórzano denunció que el proceso de exhumación realizado recientemente no solo expuso el cuerpo, sino una serie de irregularidades que el Estado venezolano está obligado a responder con transparencia.
La dirigente señaló que existen contradicciones graves sobre el momento exacto del deceso. Según detalló, el comunicado oficial indica que Quero falleció el 24 de julio de 2025; sin embargo, la lápida de papel colocada en la sepultura marcaba el 27 de julio, y el acta de defunción fue emitida recién el 30 de julio.
«Los tiempos no cuadran», afirmó Solórzano, citando el artículo 23 de la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario, que establece un máximo de 48 horas para la inhumación tras el fallecimiento. «¿Murió el 24 o el 27? ¿Por qué el entierro aparece el 30 de julio, fuera de los lapsos legales? ¿Lo enterraron sin acta de defunción?», cuestionó.
Dudas sobre la autopsia
Solórzano exigió aclarar si se practicó la autopsia de ley de forma oportuna, recordando que este procedimiento es obligatorio cuando una persona muere bajo privación de libertad. «Hay que saber quién la ordenó, cuándo y dónde la practicó, y qué evidencias se preservaron», señaló.
Asimismo, cuestionó por qué el cuerpo no fue entregado a sus familiares en julio de 2025, violando el artículo 51 de la ley de servicios funerarios que obliga a la entrega en un lapso no mayor a cuatro horas tras la experticia médico-forense. Además, calificó de inverosímil la versión oficial que alega que Quero «no presentó datos filiatorios», dado que estos se obtienen automáticamente al fichar a cualquier detenido.
El desorden institucional
Uno de los puntos más críticos señalados por la presidenta de Encuentro Ciudadano fue el hecho de que el sistema judicial le negara una amnistía a Quero apenas días antes de la confesión del Estado, cuando el joven ya tenía meses fallecido.
«Negar una amnistía a una persona ya fallecida no es un dato menor. Es señal de desorden institucional, ocultamiento o manipulación de información sensible», aseveró Solórzano. En este sentido, exigió saber si el juez de la causa fue notificado del fallecimiento y por qué se mantuvo la opacidad ante la familia y el tribunal.
Finalmente, la dirigente insistió en que la investigación debe regirse por el Protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas, subrayando que, bajo el artículo 43 de la Constitución, el Estado es el único responsable de la vida de quienes están bajo su custodia. «Exigimos verdad, justicia y reparación para la señora Carmen Navas», concluyó.
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Víctor Quero no puede ser enterrado dos veces: primero en el silencio y luego en la impunidad.
Después de meses de búsqueda debido a su desaparición forzada, su madre tuvo que reconocer el cadáver de su hijo. Ayer, con la exhumación, no solo se… pic.twitter.com/gjH4gyCtGc
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) May 9, 2026
