La ONG Espacio Público presentó este miércoles su informe sobre la situación del derecho a la manifestación pacífica en Venezuela durante 2025, en el que contabilizó 235 protestas en todo el territorio nacional.
Carabobo y Zulia fueron los estados con mayor número de acciones de calle, mientras que los derechos civiles y políticos encabezaron la lista de las principales demandas ciudadanas, publica la organización en el informe publicado en su página web.
El registro refleja una caída del 42,26 % en la actividad de protesta con respecto a 2024, cuando se documentaron 407 manifestaciones públicas. Según el informe, la disminución responde a la escalada represiva contra manifestantes y personas opositoras —reales o percibidas— por parte del Estado venezolano, a través de cuerpos de seguridad civiles y militares, así como grupos de civiles armados.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se habría desarrollado una política de terror que limitó las protestas pacíficas y “silenció” la disidencia política, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas y desapariciones forzadas.
El balance también detalla los sectores protagonistas de las movilizaciones y sus modalidades. La comunidad organizada encabezó las acciones con 110 protestas (47 %), seguida por la comunidad educativa con 57 (24 %) y los trabajadores del Estado con 28 (11,96 %).
Las demandas estuvieron orientadas a la restitución de derechos políticos y civiles, libertad para los presos políticos, celeridad procesal, justicia, mejoras salariales y recuperación de servicios básicos. Las concentraciones fueron la modalidad más frecuente (49,14 %), seguidas por la protesta creativa (10,68 %) y los cierres de vía (6,41 %).
El informe también reseña la jornada del 10 de enero de 2025, en el contexto de la toma de posesión de Nicolás Maduro, cuando la líder opositora María Corina Machado convocó a protestas en todo el país. Durante esa jornada se registraron despliegues de cuerpos de seguridad, uso de bombas lacrimógenas y perdigones, denuncias de agresiones por parte de grupos oficialistas y 21 personas detenidas.
El monitoreo señala que la Guardia Nacional Bolivariana fue el organismo con mayor participación en acciones represivas y que los operativos involucraron a distintos cuerpos policiales y de inteligencia, en lo que describe como un patrón reiterado denunciado en informes de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela.
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