El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 122 hechos que afectaron a activistas y organizaciones de derechos humanos en Venezuela durante los primeros tres meses de 2026, de acuerdo con su más reciente informe.
El balance evidencia que el entorno para la labor de defensa de derechos fundamentales continúa siendo adverso. Según la organización, no hay señales de mejora en las garantías para el ejercicio del trabajo cívico; por el contrario, persisten condiciones restrictivas que limitan la acción de la sociedad civil.
El CDJ advirtió que se mantiene un marco normativo que restringe la libertad de asociación y la participación ciudadana, acompañado de prácticas que buscan desacreditar y sancionar a quienes documentan abusos o exigen garantías. Estas dinámicas, indicó, incrementan los riesgos para activistas y ONG en el país.
La organización también ha alertado en reportes previos que la criminalización, las amenazas y el hostigamiento forman parte de un patrón sostenido contra la sociedad civil, en un contexto donde el espacio cívico sigue reducido y sin cambios estructurales visibles.
En este escenario, el CDJ reiteró la necesidad de que el régimen venezolano garantice condiciones seguras para la defensa de los derechos humanos, así como el respeto a las libertades fundamentales, incluyendo la libre organización y participación.
