La nutricionista y especialista en asistencia humanitaria Susana Raffalli cuestionó que la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, haya anunciado un aumento salarial para el 1 de mayo en lugar de implementarlo de inmediato, dado el estado de emergencia que viven los trabajadores venezolanos.
«Retrasar una mejora salarial urgente y posible hasta una fecha simbólica como el 1 de mayo sigue una lógica patronal penosa. Hay venezolanos que hoy tampoco pudieron almorzar», escribió Raffalli en su cuenta de X.
El 8 de abril, Rodríguez anunció en una transmisión por VTV que el 1 de mayo realizará un «incremento responsable» del salario, sin precisar el monto ni aclarar si se trata de un aumento del salario mínimo o de las bonificaciones que el gobierno paga a los empleados públicos. «Será un incremento responsable. Conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial, seguiremos avanzando por ese camino», afirmó.
Déficit salarial
Los números explican la urgencia que señala Raffalli. Según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), una familia venezolana de cinco personas necesitó 692,32 dólares en marzo solo para cubrir gastos básicos de alimentación, un 7,24% más que en febrero. El salario mínimo, congelado desde 2022 en 130 bolívares —equivalentes a unos 27 centavos de dólar—, cubrió apenas el 0,04% del costo de esa canasta.
El régimen ha sostenido su política salarial en dos bonificaciones para empleados públicos que suman 190 dólares mensuales —un bono de alimentación de 40 dólares y un «ingreso de guerra económica» de 150— depositados en bolívares a la tasa oficial del día, sin incidencia en beneficios laborales.
La presión social es creciente. Organizaciones sindicales y trabajadores han marchado en las últimas semanas en Caracas para exigir aumentos salariales, y el sector docente denuncia más de cuatro años sin modificación del salario mínimo. Para el 22 de abril, gremios universitarios han convocado un paro nacional de 24 horas, respaldados por las principales centrales sindicales del país.
