El fiscal general, Larry Devoe Márquez, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con Gianluca Rampolla, coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, y María Angélica Alvarado, coordinadora de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Según informó el Ministerio Público, en el encuentro se exploraron líneas de trabajo y áreas de cooperación orientadas a fortalecer la labor de la Fiscalía como parte del sistema de justicia penal, con el objetivo de «incrementar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de toda la población».
De acuerdo al balance más reciente de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), en Venezuela aún permanecen encarcelados 672 presos políticos.
Maquinaria represiva activa
La reunión se produce un mes después de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtiera públicamente ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que su oficina no había recibido de las autoridades venezolanas una lista oficial de los presos políticos liberados y que tampoco había tenido acceso sin restricciones a los centros de detención.
«Ninguna de esas peticiones ha tenido éxito hasta la fecha», afirmó Türk, quien exigió mayor transparencia y advirtió que «muchos venezolanos siguen detenidos de forma arbitraria, entre ellos personas con discapacidad y problemas de salud graves, personas mayores y al menos un niño».
En esa misma intervención, Türk instó al régimen de Delcy Rodríguez a desmantelar el aparato represivo y delineó cinco áreas de acción indispensables para una transición democrática real: la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos arbitrariamente; la protección y ampliación del espacio cívico para organizaciones, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos; reformas estructurales en los sectores de justicia y seguridad, incluyendo la eliminación de marcos legales represivos y la disolución de grupos civiles armados; garantías de derechos económicos y sociales, incluyendo acceso a salud, alimentación y servicios básicos, así como mayor transparencia en estadísticas oficiales; y el diseño de una estrategia amplia de justicia transicional que incluya preservación de pruebas, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.
Türk también exhortó al régimen a cooperar con todos los mecanismos internacionales, incluida la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, y pidió revertir la decisión de abandonar la Corte Penal Internacional. Si bien celebró que Venezuela garantizara visados para el personal de su oficina el 3 de marzo, advirtió que «será necesaria una presencia sostenida para cumplir plenamente el mandato de apoyo en derechos humanos».
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