Al cumplirse los primeros 100 días de la gestión de Delcy Rodríguez al frente del régimen chavista, la ONG Espacio Público publicó un balance en materia de libertad de expresión que concluye que el cambio de forma no implica un cambio de fondo: mientras el discurso oficial se barniza con diplomacia y «paz comunicacional», el andamiaje represivo sigue plenamente operativo.
Solo en el primer trimestre de 2026, la organización documentó 30 casos, 75 violaciones a la libre expresión y 27 detenciones.
El informe reconoce algunos cambios superficiales. El 4 de marzo, medios nacionales independientes volvieron a tener acceso a la sala de prensa del Palacio de Miraflores por primera vez en una década, en un gesto que la ONG califica como la punta de lanza de una estrategia de «desescalamiento» político. También se observó una mayor presencia de voces disidentes en debates televisivos y una suavización de la narrativa oficial.
Sin embargo, Espacio Público advierte que abrir las puertas de la casa de Gobierno no es suficiente si no se garantiza el acceso a documentos públicos, datos auditables y ruedas de prensa sin filtros.
Además, hay trabajadores de prensa que aún esperan respuesta a su solicitud de amnistía, y otros que fueron excarcelados bajo medidas cautelares y con procesos abiertos.
La falta de garantías de no repetición hace que el temor siga presente entre periodistas que retiran sus firmas de contenidos, evitan coberturas de calle y se abstienen de publicar temas sensibles como corrupción, sucesos y elecciones.
El episodio más reciente y más grave ocurrió el 9 de abril, cuando casi una docena de periodistas fueron golpeados y despojados de sus equipos mientras cubrían una marcha de trabajadores.
Censura digital
En el entorno digital, al menos 62 sitios de noticias —además de portales de organizaciones de derechos humanos y páginas de interés público— permanecen bloqueados. Según VeSinFiltro, el total de dominios bloqueados en Venezuela supera los 200.
El 9 de marzo, Espacio Público acudió ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para exigir el levantamiento de los bloqueos, amparándose en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
El 13 de marzo, más de 30 organizaciones se concentraron frente a la sede de Conatel para reiterar la exigencia. En ambos casos, el ente no recibió a los representantes y, hasta la fecha, no ha dado respuesta.
Restricción institucional
El régimen de Rodríguez mantiene vigente un entramado de siete leyes que limitan la libertad de expresión y el trabajo periodístico, entre ellas la Ley contra el Odio, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG.
Además, entre 2015 y 2025 se documentó el cierre de 334 emisoras en todo el país, y el nuevo Ejecutivo no ha emitido ninguna orden para devolver equipos, antenas y sedes confiscadas, ni para renovar las concesiones revocadas arbitrariamente.
La publicación parcial del Boletín Epidemiológico el 9 de abril —tras una década de silencio— fue recibida con cautela. La ONG señala que la información es fragmentada y que los ministerios siguen omitiendo indicadores clave sobre economía, seguridad y servicios públicos. Las Memorias y Cuentas presentan irregularidades o inexistencia de datos desde 2016.
«La libertad de expresión en Venezuela no se recupera con gestos de cortesía en Miraflores, sino con la restitución de los derechos vulnerados y el desmantelamiento de un sistema diseñado para el silencio», concluye Espacio Público.
