Un informe del Miranda Center for Democracy, un think tank con sede en Washington D. C., concluye que los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro enviaron a Cuba el equivalente a 63.800 millones de dólares —a precios constantes de 2026— en petróleo a cambio de la instalación y consolidación de uno de los aparatos represivos “más sofisticados del mundo”.
El reporte, titulado “Petróleo por represión”, fue presentado en Miami durante un evento organizado por el Jack D. Gordon Institute for Public Policy de FIU, con apoyo del Instituto Republicano Internacional (IRI). La investigación desmonta la narrativa oficial que durante años aseguró que el petróleo enviado a Cuba era “gratis” o parte de acuerdos sociales, y sostiene que en realidad se trató de un intercambio directo: crudo venezolano por entrenamiento, asesoría y penetración cubana en los cuerpos de seguridad e inteligencia.
Según el informe, desde el año 2000 Venezuela envió hasta 105.000 barriles diarios en su pico (2008–2012) como parte de un acuerdo que permitió a Cuba infiltrar y rediseñar el aparato de seguridad venezolano.
Una cláusula de “pago mediante servicios” en el convenio original permitió que La Habana “pagara” el petróleo con médicos y maestros, pero también —y sin auditoría posible— con asesores de inteligencia, contrainteligencia y seguridad interna.
El informe cita hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que documentó que agentes cubanos “asesoran y participan” en operaciones de vigilancia, intimidación y persecución contra opositores.
Desde 2014, más de 20.000 personas —venezolanos y extranjeros— han sido detenidas por cuerpos de seguridad e inteligencia “diseñados bajo el modelo cubano”, y muchas de ellas fueron torturadas o incluso asesinadas.
Influencia cubana
El documento señala que la verdadera transformación comenzó en 2008, cuando Chávez creó el Grupo de Coordinación y Enlace (GRUCE) tras su derrota en el referendo de 2007.
A través de este mecanismo, especialistas cubanos obtuvieron acceso directo a unidades militares y policiales venezolanas, reconfigurando su doctrina para enfocarla en “el orden interno” y la neutralización de la disidencia.
Según el informe, cambios estructurales como la transición de Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 2008, la transformación de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en 2011, y la creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) y las Regiones de Estratégica de Defensa Integral (REDI) dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), no fueron decisiones aisladas, sino influencia cubana directa para convertir a las fuerzas de seguridad en un aparato de control político.
El reporte afirma que la DGCIM fue rediseñada siguiendo el modelo del G2 cubano, adoptando sus manuales de entrenamiento y protocolos de interrogatorio.
El estudio sostiene que mientras el aparato de inteligencia se dedicaba a desmantelar partidos políticos, perseguir ONG y vigilar a opositores, grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se instalaron en ocho estados del país y altos funcionarios, como Tareck El Aissami, protagonizaron desfalcos millonarios. “No fue negligencia, fue una decisión política”, concluye el informe.
El Miranda Center calcula que el petróleo enviado a Cuba habría permitido reconstruir el sistema eléctrico venezolano más de tres veces, o cubrir casi todo el endeudamiento adquirido con China.
El informe subraya la ironía de que, pese a décadas de inversión en un aparato de seguridad diseñado por Cuba, el sistema colapsó el 3 de enero de 2026, cuando una operación militar estadounidense capturó a Maduro.
Su última línea de defensa no fueron soldados venezolanos, sino 32 agentes cubanos, que murieron protegiéndolo.
Aunque algunos asesores cubanos han comenzado a salir del país bajo presión internacional, el informe advierte que el “legado cubano” sigue presente en figuras como el recién designado ministro de Defensa, Gustavo González López; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; y el agente de la DGCIM, Alexander Granko; y en instituciones represivas que permanecen intactas.
Mientras estos actores continúen en el poder, seguirá latente la amenaza de la represión y el recuerdo de la tortura que aún padecen presos políticos, advierte el informe.
