El Partido Comunista de Venezuela (PCV) afirmó que la reciente aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática abre una posibilidad para la liberación de personas detenidas por razones políticas, aunque advirtió que el instrumento es «insuficiente y excluyente» y no establece responsabilidades del Estado ni garantías de reparación a las víctimas.
Yul Jabour, miembro del Buró Político del Comité Central del PCV, señaló que la organización ya había alertado sobre las limitaciones del instrumento legal. «En la ley no se determina, por ejemplo, la responsabilidad del Estado venezolano en las violaciones al debido proceso que ocurrieron», afirmó.
Destacó que el PCV considera que la ley puede abrir un camino para excarcelaciones, especialmente de trabajadores y luchadores sociales criminalizados por su acción reivindicativa. «A pesar de ser insuficiente y excluyente, consideramos que es una ley importante porque abre un espacio para excarcelaciones y liberaciones de un importante conjunto de la sociedad venezolana que fue privado de su libertad por defender derechos y emitir opiniones», indicó.
Denunció que el instrumento no contempla de forma expresa a trabajadores, campesinos e indígenas que han sido judicializados, pero expresó que el PCV espera que la comisión creada para su aplicación atienda estos casos. «Aspiramos que, a través de la comisión especial, puedan darse excarcelaciones y liberaciones de trabajadores, campesinos e indígenas que han sido víctimas de la política represiva del Estado venezolano», dijo.
El Buró Político del PCV consignó un listado de más de un centenar de trabajadores petroleros detenidos arbitrariamente entre 2024 y 2025 en Puerto la Cruz, Anzoátegui, y en el Complejo Refinador de Amuay en Falcón. Así como un registro de alrededor de 20 casos de dirigentes sindicales presos por luchar.
Jabour insistió en la necesidad de garantizar la libertad plena de quienes permanecen bajo medidas restrictivas, pese a haber salido de prisión. «Existe un número importante de trabajadores que fueron excarcelados, pero se les mantiene libertad condicionada, medidas cautelares de presentación, arresto domiciliario y restricciones a su activismo político. Aspiramos que esta ley tenga el alcance de garantizar su libertad plena», subrayó.
