La defensa del expresidente francés Nicolas Sarkozy reiteró este miércoles la inocencia de su cliente en el caso de financiación ilegal de la campaña de 2012 ante el Tribunal Supremo, que comunicará su veredicto el próximo 26 de noviembre.
Sarkozy, que afronta su segunda condena definitiva, no acudió a la vista, que fue de carácter técnico puesto que el Supremo no entra en el fondo del caso.
La Fiscalía pidió a la máxima instancia judicial francesa que confirme la condena a seis meses de prisión impuesta en Apelación en febrero de 2024 al inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012, por haber multiplicado casi por dos los gastos de campaña autorizados por la ley.
El tribunal, que redujo a la mitad la pena impuesta en primera instancia en noviembre de 2021, consideró que Sarkozy no era culpable de la doble contabilidad creada para ocultar esos gastos, pero sí un beneficiario.
De confirmarse esa pena, sería la segunda definitiva pronunciada contra el expresidente, que en febrero del año pasado fue condenado a un año de cárcel por un caso de corrupción y tráfico de influencias, pena que cumplió en arresto domiciliario con brazalete electrónico entre febrero y mayo pasados, antes de ser puesto en libertad condicional por su elevada edad, 70 años.
Pero la verdadera causa que eclipsa las demás es la condena a cinco años de cárcel por la financiación con dinero libio del régimen de Muamar Gadafi de su campaña de 2007, una pena que el tribunal consideró de aplicación preventiva, aunque ha apelado la sentencia.
El próximo lunes. Sarkozy debe presentarse ante la Fiscalía para que se fije la fecha de su ingreso en prisión, el primero de un expresidente en Francia.
El Supremo debe decidir si considera definitiva la condena por las cuentas de la campaña de 2012 o si obliga a que el caso regrese a Apelación en un nuevo juicio, que sería la primera decisión judicial favorable a Sarkozy en los últimos años.
Sus abogados defendieron su inocencia, aseguraron que no se ha encontrado rastro de la implicación del expresidente conservador en la trama de facturas falsas y que la justicia penal no es competente para juzgar este caso, por el que su cliente ya pagó una multa tras una decisión del Tribunal de Cuentas.
Los jueces consideraron probados que en su campaña de 2012, en la que acabó derrotado por el socialista François Hollande, se gastaron casi 43 millones de euros, frente a los 22,5 millones que autorizaba la ley.
Una trama de falsas facturas, facilitadas por la empresa Bygmalion y por responsables del partido conservador que apoyaba a Sarkzoy, permitió ocultar esa doble contabilidad, que posibilitó incrementar los mítines multitudinarios y otras acciones electorales.
La sentencia en Apelación consideró que el presidente no podía ignorar que se estaban superando esos gastos y puso de manifiesto conversaciones y testimonios en los que pedía más acciones electorales para dar la vuelta a unas encuestas que auguraban su derrota.
EFE
