La iniciativa Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, que agrupa a varias ONG, presentó un nuevo reporte que documenta graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 27 de junio y el 27 de agosto de 2025, en el marco de las elecciones municipales del pasado 27 de julio.
El documento, titulado “27J: La normalización fallida. Elecciones municipales y cierre del espacio cívico en Venezuela”, complementa y profundiza las denuncias ya señaladas por Naciones Unidas, alertando sobre la consolidación de una semiclandestinidad forzada como condición de vida para dirigentes sociales y opositores, un fenómeno sin precedentes en la historia reciente del país.
Según el informe, las autoridades habían diseñado una estrategia para “normalizar” el fraude electoral del 28 de julio de 2024 con la instalación de una nueva Asamblea Nacional en enero de 2026. La maniobra buscaba transmitir continuidad institucional y cerrar el debate sobre la ilegitimidad del poder. Sin embargo, esa estrategia fracasó: lejos de pacificar el escenario, la represión se intensificó y las violaciones de derechos humanos continuaron en paralelo.
Hallazgos principales
Entre los puntos más destacados del informe se encuentran:
Participación electoral reducida: la participación real fue estimada en 29% del registro electoral, frente al 44% reportado oficialmente sobre un padrón manipulado. El oficialismo se adjudicó el control del 85% de las alcaldías y del 83% de las concejalías en disputa.
Detenciones arbitrarias: entre el 27J y el 30 de agosto ocurrieron al menos 71 arrestos arbitrarios, de los cuales 44 corresponden a militantes de partidos políticos. En promedio, cada dos días un integrante de organizaciones opositoras es detenido.
Desapariciones forzadas: el 45% de esas detenciones incluyó desapariciones forzadas de corta duración. Para septiembre de 2025 se registraban 110 casos activos, aunque se presume que la cifra real es mayor debido a la falta de denuncias.
Narcotráfico y estructuras criminales: Transparencia Venezuela estimó que en 2023 cerca del 24% de la cocaína mundial transitó por el país, generando más de 8.185 millones de dólares en 2024, con participación de altos funcionarios civiles y militares.
Operativos militares sin garantías: al menos 14 personas murieron en operaciones antinarcóticos en el Caribe sin debido proceso ni acceso a tribunales.
Ataque a libertades: para el 15 de septiembre había al menos 12 defensores de DDHH y 18 periodistas y trabajadores de prensa privados de libertad.
Represión contra familiares: se documentaron al menos 20 casos de detención de familiares de líderes sociales y políticos como mecanismo de presión.
Normalización del miedo
“Lo que la ONU describió en términos institucionales, nosotros lo vemos en la vida diaria: vecinos que evitan hablar de política, jóvenes que borran mensajes de sus teléfonos por miedo, comunidades que se paralizan cuando alguien es detenido”, advierte el reporte.
El documento concluye que la fallida estrategia de “normalización” expuso la fragilidad del poder y su dependencia de la represión. Además, hace un llamado a la comunidad internacional a no desviar la mirada, acompañar a las víctimas y reforzar mecanismos de protección, alertando que “la normalización del miedo y la semiclandestinidad amenaza con borrar las bases mismas de la convivencia democrática”.
La iniciativa Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, integrada por varias ONG, ha publicado anteriormente informes sobre el 28J (El Libro Negro), el 10E (El Libro Rojo) y el 25M (El Libro Gris), ofreciendo una mirada integral sobre la evolución del conflicto venezolano y su impacto en los derechos humanos.
