El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, la sede de la Presidencia del país.
En un auto que puede ser recurrido, que está fechado el martes y al que ha tenido acceso EFE, el magistrado cita este próximo sábado a Gómez, a Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para concretar la imputación contra ellos.
Según el juez Peinado, existen «indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos» para dar este paso.
Tal y como detalla el juez, el delito de malversación de caudales públicos compete a un jurado popular, según la ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995.
La función del jurado popular es emitir un veredicto, que indica si está probado o no el hecho que se juzga, y determinar la culpabilidad e inculpabilidad de cada acusado para que, a continuación, el magistrado que preside la sala dicte sentencia.
Se contempla que el juez devuelva el veredicto al jurado si este incluye defectos o pronunciamientos contradictorios.
Este tipo de tribunal está formado por nueve ciudadanos que actúan como jurados y por el magistrado de la Audiencia Provincial, en este caso la de Madrid, que lo preside.
No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid aún tiene pendiente resolver varios recursos contra resoluciones que el juez Peinado ha ido adoptando tanto en esta pieza separada como en la investigación principal sobre Begoña Gómez, abierta en abril de 2024.
La investigación principal aborda delitos como el de apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios, si bien cabe la posibilidad de que el magistrado plantee la acumulación en un solo juicio si entiende que se trata de delitos conexos.
La decisión de Peinado se conoce un día después de que la Audiencia de Badajoz, en el oeste de España, confirmara el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y de otros diez investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, lo que los sitúa solo a un paso de ir a juicio.
Para la Audiencia de Badajoz, los hechos delictivos abarcan entre otros la propuesta de creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz, que fue otorgada a David Sánchez.
Según la jueza instructora, la propuesta no estaba justificada ni tampoco que fuera personal de alta dirección quien la ocupara. EFE
