Las recientes detenciones en Venezuela de personas vinculadas a organizaciones sindicales y de derechos humanos representan para el coordinador de Exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, un «ataque sistemático» contra el derecho a la asociación y una política de «persecución» hacia la opinión crítica que, advierte, puede afectar también a aquellos que apoyan al régimen de Nicolás Maduro.
«Pareciera que el Gobierno está pasando del ataque sistemático que ha venido teniendo contra el activismo político a un ataque ahora sistemático contra los activistas sociales, como parte de una política de Estado de persecución a todo lo que sea una opinión crítica», señaló Alvarado, en una entrevista con EFE.
Denuncias
A mediados de agosto, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la detención «arbitraria» del profesor y dirigente sindical Roberto Campero, tras un presunto «allanamiento ilegal» a su vivienda en el estado Aragua (norte).
La organización también reportó la captura, en Caracas, de la abogada Rusbelia Astudillo, activista por los derechos de los jubilados y consultora de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (FNTJ).
El 8 de agosto pasado, organizaciones denunciaron la detención de la activista Martha Grajales, luego de que participara en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de los presos políticos que fueron agredidos cuando hacían una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir la revisión de los casos de sus parientes.
Tras pronunciamientos de distintos sectores a nivel nacional e internacional, como la ONU y las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora (Argentina), Grajales fue excarcelada con medidas cautelares.
«Nadie está a salvo»
Ante esta situación, Alvarado aseguró a EFE que «nadie está a salvo en este momento».
«La represión se desbordó a un nivel que ni siquiera los que hoy están en el más alto nivel de Gobierno están a salvo, aquí de un momento a otro pueden detener a un ministro, pueden detener a un general, pueden detener a un alto jefe de un organismo policial», advirtió el coordinador de Provea.
El activista mencionó el arresto de veintidós fanáticos del club venezolano de fútbol Deportivo Táchira, cuando viajaban a Caracas para ver la final del Torneo Apertura, en junio pasado, que en su mayoría fueron excarcelados, mientras otros cinco se mantienen detenidos, entre ellos el conductor del autobús que se dirigía al Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
«Yo creo que ese es el ejemplo más claro de que todos, absolutamente todos, estamos en riesgo», apuntó Alvarado.
En este caso, el ministro de Interior y Justicia del régimen, Diosdado Cabello, explicó -en junio pasado- que los hinchas fueron acusados de presuntamente agredir a un policía y de «resistencia a la autoridad».
Sin embargo, Alvarado sostiene que en las últimas semanas han sido detenidas personas que pertenecen a asociaciones de jubilados y pensionados, a colegios de enfermeras, de biólogos, del sector educativo, así como sindicalistas de las empresas básicas de Guayana.
También, de acuerdo con Provea, se han arrestado a economistas, presuntamente para evitar que «den cifras distintas a las del Gobierno», añade la ONG.
Las detenciones se dieron luego de que el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) -un ente autónomo integrado por expertos y analistas económicos- reportara que la inflación de mayo pasado fue del 26 %, mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) no publica este dato desde octubre del año pasado.
Hasta la fecha, el OVF no ha vuelto a difundir cifras de inflación, del Producto Interno Bruto, proyecciones económicas o el costo de la canasta alimentaria.
El coordinador de Exigibilidad de Provea advierte que esta «política» puede generar autocensura en organizaciones y sindicalistas del país que se abstienen de divulgar investigaciones o dar declaraciones.
Un patrón
Por otra parte, Alvarado explica que en el país toda persona detenida por motivos políticos sufre lo que tipifica como «desaparición forzada» y «largos procesos» de incomunicación, sin visitas de sus familiares o abogados.
«Eso ya se convirtió en una política de Estado, la desaparición forzada y la incomunicación prolongada para cualquier persona detenida por motivos políticos», advierte el abogado.
A su juicio, esta situación se agudizó tras las presidenciales de julio del año pasado, cuando cientos de personas salieron a las calles para protestar en contra el fraude electoral perpetrado por Maduro.
«Casi la totalidad de las personas que fueron detenidas después del 28 de julio están en desaparición forzada, algunos por pocos días, otros por semanas y algunas por meses», añadió el jurista.
En ese contexto, Alvarado afirma que en Venezuela hay una política de «detenciones arbitrarias, desaparición forzada» e «incomunicación», donde además, denuncia, no se reciben los habeas corpus y, «los pocos que reciben, no los procesan».
«Es decir, la acción judicial en cuestiones de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas no tiene ninguna efectividad», concluye el representante de la ONG Provea.
Con información de EFE
