Expertos en derechos humanos de la ONU expresaron este miércoles su “alarma” ante la detención y la posible deportación de cuatro disidentes venezolanos en Estados Unidos, advirtiendo que la medida violaría el derecho internacional y pondría en grave riesgo sus vidas.
Se trata de Dehivis David Olivo Hernández, Gregory José Sanabria Tarazona, Teobaldo Antonio León y Wilmer Alexander García Vallenilla, tres disidentes políticos y un defensor de derechos humanos que residen en el exilio en territorio estadounidense.
Según los expertos, todos enfrentan acusaciones “infundadas” de su presunta vinculación con el Tren de Aragua, organización criminal que Washington ha catalogado como terrorista.
Riesgo de tortura y desaparición
Los relatores advirtieron que, de concretarse las deportaciones, se violaría el principio de non refoulement, que prohíbe trasladar a personas a un país donde corran riesgo real de sufrir tortura, desaparición forzada, detención arbitraria, persecución o juicio injusto.
“Al menos dos de ellas han sido víctimas de actos de tortura documentados en Venezuela. Todas corren el riesgo de sufrir nuevas persecuciones, abusos o desapariciones forzadas”, señalaron.
Críticas a la actuación de EE.UU.
Los expertos denunciaron que los venezolanos fueron arrestados en trámites rutinarios de inmigración o citas judiciales, sin previo aviso ni justificación, y que se les negó el acceso a defensa legal y a la posibilidad de impugnar las deportaciones.
“El Gobierno de Estados Unidos debe detener de inmediato la deportación de estas cuatro personas y llevar a cabo evaluaciones individualizadas adecuadas, conforme al derecho internacional”, instaron.
Llamado también a Venezuela
Al mismo tiempo, los expertos exigieron al régimen de Nicolás Maduro que, en caso de concretarse la deportación, garantice la seguridad, dignidad y derechos de estas personas, evitando represalias contra ellas o sus familiares por sus actividades políticas o de defensa de derechos humanos.
Finalmente, remarcaron que tanto Estados Unidos como Venezuela tienen obligaciones internacionales bajo tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, que deben ser respetadas.
