Una coalición de estados demócratas, liderado por California, demandó este martes al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) por dar acceso sin restricciones a los datos personales de salud de las personas a las autoridades migratorias, que buscan cumplir con las redadas masivas del presidente Donald Trump.
La nueva batalla legal presentada en el Tribunal de Distrito en el Norte de California argumenta que la transferencia masiva de estos datos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) viola la ley de salud pública conocida como Medicaid.
La norma aprobada por el Congreso en 1965 establece que los datos personales recopilados sobre los participantes del programa son confidenciales y solo se compartirán en ciertas circunstancias específicas en beneficio de la salud pública.
“La Administración Trump ha trastocado las protecciones de privacidad de larga data con su decisión de compartir ilegalmente datos de salud personales y sensibles con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)”, dijo el fiscal de California Rob Bonta en un comunicado.
Agregó que la Casa Blanca ha creado “una cultura de miedo” que hará que menos personas busquen atención médica de emergencia vital.
Los demandantes han pedido al tribunal que emita un bloqueo para que el HHS no comparta los datos de Medicaid y garantice que los datos ya compartidos no se utilicen con fines de control migratorio.
El programa público Medicaid brinda seguro médico para personas de bajos ingresos y grupos de población desatendidos, como niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidades y adultos mayores.
Para enero de 2025, 78.4 millones de personas estaban inscritas a este programa y el de Seguro Médico para Niños (CHIP) en todo el país.
Medicaid en California (llamado Medi-Cal) brinda cobertura médica a uno de cada tres californianos, incluyendo a más de dos millones de extranjeros. Entre estos últimos se incluyen titulares de tarjetas de residencia permanente (Green Card), refugiados, personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), entre otros.
No todos los inmigrantes son elegibles para los servicios de Medicaid financiados con fondos federales, por lo que California utiliza fondos estatales para ofrecer a todos los residentes elegibles, independientemente de su estatus migratorio.
Los estados de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Massachusetts, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington se sumaron a la demanda.
EFE
