El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue notificado judicialmente este miércoles, en el hospital en que se recupera de una operación intestinal, del proceso judicial abierto en su contra por la Corte Suprema bajo la acusación de golpismo.
El propio Bolsonaro informó que un oficial de justicia se presentó en la sala de cuidados intensivos (UCI) en que permanece desde que, hace diez días, fue sometido a una operación en el intestino que se prolongó durante doce horas.
«Increíble», dijo a través de sus portavoces el expresidente, quien este martes, desde la misma sala, participó en un directo por sus redes sociales con dos de sus hijos y un empresario en el que fue promocionada una nueva marca de cascos de moto.
El proceso penal fue iniciado el pasado 26 de marzo, después de que la Corte Suprema aceptara acusaciones por intento de golpe de Estado y otros delitos formulados por la Fiscalía General.
Por los tiempos judiciales, Bolsonaro debía haber sido notificado oficialmente la semana pasada, pero el trámite se retrasó debido a su estado de salud.
Sin embargo, según explicó la Corte Suprema en una nota, tras su participación en la promoción de esos cascos se entendió que estaba en condiciones de recibir la notificación.
El tribunal también explicó que otros siete acusados por los mismos hechos fueron notificados entre los días 11 y 15 de abril, y que solo restaba cumplir el trámite con Bolsonaro.
La denuncia de la Fiscalía acusa al expresidente y a muchos de sus colaboradores de haber conspirado a fin de impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se impuso a Bolsonaro en las elecciones celebradas en octubre de 2022.
Parte de ese plan habrían sido las manifestaciones realizadas frente a muchos cuarteles de todo el país, en las que miles de activistas de las alas más radicales del bolsonarismo exigían una intervención de las Fuerzas Armadas para anular el resultado de los comicios.
La conspiración habría llevado incluso al violento asalto a las sedes de los tres poderes del Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando también los manifestantes instaron a los militares a derrocar al nuevo Gobierno y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la propia Corte Suprema.
Por esos hechos, unas 500 personas ya han sido condenadas a penas de hasta 17 años de cárcel, tras ser halladas culpables de delitos como golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y destrucción del patrimonio público.
EFE
