La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y los prolongados períodos de incomunicación a los que han sido sometidas las personas presas políticas en Venezuela.
En un comunicado, la CIDH instó al régimen de Nicolás Maduro a «adoptar medidas urgentes para liberar a estas personas de forma incondicional y garantizar su contacto inmediato con familiares».
La Comisión detalló que de los más de 900 presos políticos que hay en Venezuela, al menos 64 familias no han recibido una comunicación formal sobre el centro de reclusión en el que se encuentran.
«En algunos casos, únicamente han podido enterarse de que sus seres queridos están vivos y su lugar de alojamiento por la información que comparten otras personas privadas de la libertad, o porque funcionarios penitenciarios les llaman a pedir que lleven medicamentos o que recojan ropa sucia para lavar», señaló la CIDH.
El organismo denunció que «en ocasiones, cuando los familiares se acercan a los centros de reclusión son maltratados por funcionarios del personal penitenciario. En particular, las mujeres que intentar visitar a sus parientes son sometidas a tocamientos y requisas invasivas. Adicionalmente, en determinados casos, el personal penitenciario se rehúsa deliberadamente a permitir visitas o a dar información del estado de salud de las personas privadas de la libertad arbitrariamente. Tal es el caso de Freddy Superlano, Perkins Rocha y Américo de Grazia, beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH».
«El régimen venezolano no solo castiga arbitrariamente a personas opositoras por ejercer legítimamente las libertades de expresión, reunión y asociación, sino que también reprende a sus familiares como forma de castigo. Esto genera temor y angustia en familiares de las personas presas políticas», advirtió la CIDH.
La Comisión Interamericana enfatizó que «el Estado venezolano debe liberar a todas las personas que se encuentran en prisión por motivos políticos, garantizando al mismo tiempo el respeto y la protección de su vida e integridad personal. Es imperativo que se adopten medidas que permitan verificar su estado de salud y facilitar que puedan ser visitadas por sus familiares y defensa técnica de confianza. Asimismo, debe tomar medidas urgentes para restablecer la independencia y separación de los poderes públicos, condición esencial para asegurar un sistema de justicia que opere de manera imparcial y autónoma, con plena observancia de los derechos humanos».
