El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisará el proceso contra un agente de la Policía Nacional Bolivariana que presuntamente lideraba una red de extorsión en el estado La Guaira, en la cual estaban involucrados fiscales, notarios y abogados.
La decisión la adoptó la Sala de Casación Penal en su sentencia número 52 (historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/febrero/341503-052-13225-2025-A24-555.HTML) del pasado 13 de febrero, en la cual admitió la solicitud de avocamiento que un empresario, identificado como Ezio Simone Di Carlo, interpuso contra el Tribunal 2 de Control del estado La Guaira, el cual en octubre pasado decretó “el sobreseimiento de la acción penal” seguida contra el funcionario policial, Jhonatan Alfonso Araujo González; y contra los abogados Pascual Elio Napoletano y Roberto Yanez Calcini.
La decisión del juzgado implicaba el cierre del proceso por extorsión y agavillamiento contra el agente y los abogados.
Sin embargo, la Sala consideró que las irregularidades denunciadas por la víctima que “se fundan en graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, y que pudieran atentar contra la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática”. Y, por ello, la instancia requirió el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la entidad costera y ordenó “la suspensión inmediata de la causa y prohíbe la realización de cualquier clase de actuación en el referido proceso penal”, se lee en el dictamen redactado por el magistrado Maikel Moreno.
Una trama voraz
El calvario de Di Carlo comenzó en noviembre de 2023, cuando acudió a la Fiscalía Superior de La Guaira, luego de recibir, vía WhatsApp, una citación de Araujo para declarar como investigado. Sin embargo, en el Ministerio Público no le tomaron declaración, sino que le instaron a acudir ante el cuerpo policial, cosa que hizo a los días.
Araujo le informó al empresario que estaba siendo investigado por estafa, por la venta de un apartamento en la entidad. La denuncia la presentó la que era su socia, Zulay Urbina. Pese a que Di Carlo presentó evidencias que prueban que pactó la venta, por US$ 22.500, con su asociada para inyectarle fondos a una empresa que ambos tienen en Canadá, a los días volvió a ser citado por el oficial.
Para esta segunda citación acudió con el abogado Napoletano, quien le exigió US$ 5.000 por sus servicios. El hombre que compró el apartamento en el centro del proceso, Juan Cristóbal Zigni, le informó que lo citaron por cómplice y que en la PNB le exigieron US$ 5.000 para que lo “desvincularan del caso”. El comprador aseguró haber pagado la extorsión y le exigió a Di Carlo que lo reparara, lo cual hizo entregándole una moto.
A partir de allí, a Di Carlo comenzaron a arrebatarle sus bienes. El policía le solicitó US$ 60.000 para dejarlo ir, pero como no los tenía entonces le exigió un departamento en Caracas, su abogado que le duplicó su tarifa “por la complejidad del caso” se quedó con una de sus camiones y la moto iría a parar a la fiscal del caso, quien reclamaba US$ 10.000.
El hombre accedió “en vista de todo lo ocurrido, el acoso psicológico, las amenazas de perder mi libertad”, pero a los días el policía y los abogados volvieron a exigirle dinero en metálico y lo citaron para firmar un “acuerdo reparatorio”, el cual “fue autenticado ante la Notaria Publica Primera del Estado La Guaira en fecha 30 de enero de 2024”. Esto, a pesar de que Di Carlo asegura que nunca acudió a dicha oficina.
A lo largo de 2024 el empresario recibió nuevas amenazas y presiones de esta red, razón por la cual decidió denunciar los hechos ante la Fiscalía 46 Nacional Antiextorsión y Secuestro.
Un problema grave
El caso que involucra a un agente de la PNB, a una fiscal y a unos abogados del estado La Guaira es otra prueba de lo extendida que está la práctica de la extorsión y la corrupción en la justicia venezolana, y siempre dudas de la efectividad de las medidas anunciadas por las autoridades para hacer más transparente a la administración de justicia.
En octubre pasado, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que unos 450 funcionarios del Ministerio Público han sido destituidos desde que llegó a la institución en agosto de 2017.
Semanas después aseguró que 21.871 personas fueron imputadas por corrupción, mientras que 6.025 fueron condenadas en el mismo período, destacando las 36 tramas desarticuladas en la industria petrolera y por las cuales 76 personas ya han sido sentenciadas.
