La mañana de este viernes, 9 de agosto, la organización Transparencia Electoral remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por lo que considera un fraude electoral masivo y la grave lesión de los derechos civiles y políticos de los venezolanos, dentro y fuera del país.
El pasado 28 de julio, los venezolanos y las venezolanas acudieron masivamente a las urnas a pesar de la opacidad informativa y todo tipo de obstáculos. Habiendo transcurrido casi dos semanas desde la jornada electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no ha publicado los resultados de la elección desglosado por estado, municipio, parroquia, centro de votación y mesa electoral.
«Aunque el CNE presentara ahora actas de escrutinio, se requeriría una auditoría independiente para garantizar que la documentación sea auténtica, que haya cumplido con requisitos mínimos de trazabilidad y que la cadena de custodia no haya sido comprometida», advirtió Transparencia Electoral.
La organización sostuvo que «el supuesto hackeo de la transmisión de resultados no puede considerarse una excusa para no publicar los datos, dado que tanto el Plan República como los testigos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tienen en su poder las actas de escrutinio que emite la máquina antes de transmitirlos a la sala de totalización».
Destacaron que estas actas, que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha hecho públicas y que han sido auditadas por académicos, especialistas y medios de comunicación, arrojan un resultado claro que contrasta con el publicado por el CNE, que consideran «inverosímiles desde el punto de vista aritmético y por no contar con ningún tipo de sustento documental».
Además, Transparencia Electoral aseveró que «la vía institucional a nivel nacional ha sido agotada, por lo que se hace un llamado a los países de la región y el mundo a entender que los venezolanos no cuentan con canales institucionales propios para hacer valer su voluntad, que ya se expresó el 28 de julio pasado».
En la denuncia, remitida por medio de la representación del abogado Christian Cao, se responsabiliza a:
- Elvis Amoroso, presidente del CNE, «por su rol fundamental para en el despliegue del fraude electoral».
- Tarek William Saab, en su calidad de fiscal general del régimen y presidente del Consejo Moral Republicano, órgano rector del Poder Ciudadano, «por ser instrumento de la persecución y criminalización de actores de la sociedad civil independiente, periodistas e integrantes de partidos políticos de oposición, particularmente en los días posteriores a la jornada electoral del 28 de julio de 2024».
- Nicolás Maduro Moros, en su calidad de presidente de la República, «agravado por su rol de candidato presidencial en el proceso electoral en cuestión».
- Jorge Rodríguez Gómez, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, «quien dirigió con criterios políticos y sin ser parte de sus competencias y facultades, las decisiones y proceder del CNE».
- Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, en su calidad de presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), «por actuar como ente subordinado al Poder Ejecutivo y dar inicio a un procedimiento que no le corresponde y del cual se desconoce el contenido, como es el supuesto recurso de amparo interpuesto por Nicolás Maduro Moros».
