La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó a la comunidad regional e internacional sobre el aumento de la persecución política en Venezuela, a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La CIDH resaltó que el 17 de juli Nicolás Maduro realizó declaraciones públicas afirmando que, de no ganar la reelección, el país podría «caer en un baño de sangre, en una guerra civil».
«Este tipo de discursos por parte de la máxima autoridad del Estado y de las fuerzas de seguridad tiene como efecto amedrentar y coartar la libertad política del electorado. Estas afirmaciones generan dudas sobre la eventual trasmisión de mando ante la posibilidad de un resultado favorable a la oposición», advirtió la Comisión.
En este contexto de persecución política, en 2024, la CIDH documentó ataques a líderes opositores, detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y miembros de campañas opositoras (entre ellos la de Rocío San Miguel y el jefe de seguridad de María Corina Machado), cierres de medios y negocios, hostigamientos a comités de campaña y simpatizantes (incluidas personas propietarias de empresas), así como inhabilitaciones administrativas de personas candidatas para cargos de elección popular.
«Estos hechos afectan la institucionalidad democrática y las libertades de asociación, reunión y expresión, toda vez que desalientan la participación política de las personas opositoras, de su electorado y de la ciudadanía en general«, advirtió la CIDH.
La Comisión alertó de que «conforme se acercan las elecciones presidenciales, se retrocede e incumple con las garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos».
Frente a esto, el organismo de la OEA reiteró que «estos ataques, sumados a la ausencia de instituciones independientes e imparciales, forman parte de un patrón del gobierno para perpetuarse en el poder, por medio de arbitrariedades, violaciones de derechos humanos y sin rendición de cuentas».
Por ello, la CIDH exhortó al Estado venezolano a «adoptar medidas urgentes dirigidas a reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos. Igualmente, hacen un llamado a la comunidad regional e internacional a seguir monitoreando de forma cercana la elección presidencial y a alentar al gobierno venezolano a garantizar que esta se desarrolle con el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población».
