La junta reestructuradora de la Cruz Roja de Venezuela impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunció que a finales del mes de junio se realizará la elección de la nueva junta directiva del organismo humanitario.
«A finales de junio tendremos un proceso electoral con transparencia, con legitimidad (…) la Cruz Roja se dará las autoridades que desee tener unas autoridades que estén comprometidas con el proceso«, dijo el presidente de dicha junta, Ricardo Cussano, en una entrevista concedida este miércoles a la emisora Unión Radio.
Afirmó que «el proceso tendrá caracterizado al votante y a los candidatos para generar una mejor operación de la institución» y adelantó que este 16 de mayo discutirán -junto a la Federación Internacional- los nuevos estatutos que regirán a la Cruz Roja.
Dijo también que no se postulará «como voluntario de la organización hasta finalizar sus actuales labores» y recordó que durante el año de funciones se debía «crear espacios que salvaguarden la dignidad de los trabajadores, generar transparencia en las finanzas, establecer los nuevos estatutos y convocar elecciones«.
En agosto de 2023 el régimen de Nicolás Maduro siguió los pasos de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y ordenó al Tribunal Supremo de Justicia chavista (TSJ) la intervención de la Cruz Roja de Venezuela, la cual designó una nueva directiva para su reestructuración, presidida por Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras y uno de los cabecillas del denominado Foro Cívico.
«Se ordena una reestructuración amplia y diversa en la Cruz Roja venezolana con la participación de los sectores de la sociedad venezolana«, señaló -en su momento- la sentencia emitida por la Sala Constitucional del máximo tribunal.
La decisión fue tomada una semana después de que el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, informara de la apertura de una investigación sobre el «presunto acoso y maltrato» cometido contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja Venezolana por parte de su presidente, Mario Villaroel, por lo que el TSJ ordenó el «cese, de manera inmediata, en el ejercicio de sus cargos, del presidente y los miembros que integran el comité directivo nacional» de la organización.
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