La ciudad de Nueva York recibirá 2.400 millones de dólares del Estado para gestionar su crisis migratoria, lo que supone un incremento de 500 millones con respecto al año pasado, según anunció este martes la gobernadora, Kathy Hochul.
Esta inversión forma parte del presupuesto total de 233.000 millones de dólares fijado para el año fiscal de 2025 (que comienza el 1 de abril) y servirá para cubrir parte de los costos de acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo, su asistencia legal y los servicios ofrecidos en los albergues, indicó Hochul en una rueda de prensa.
De acuerdo a la dirigente, 500 millones de dólares dedicados a esta crisis procederán de las reservas del Estado de Nueva York, que están destinadas a utilizarse en emergencias puntuales.
Tras el anuncio, Hochul destacó en su cuenta de X (Twitter) que no podrán contemplarse cambios significativos en la gestión migratoria «hasta que haya un cambio en la política», y añadió que este viernes acudirá a Washington para pedir una mayor financiación al respecto.
Con este presupuesto, el Estado de Nueva York asumirá el costo de los refugios instalados en un hospital psiquiátrico del distrito de Queens (Creedmoor) y en Randall Island, lo que se suma a la intención de subvencionar el refugio de Floyd Bennet Field, en el distrito de Brooklyn.
La cifra anunciada por la gobernadora cubrirá solo una parte de los 12.000 millones de dólares que el alcalde Eric Adams estimó en agosto que costaría a la ciudad el alojamiento y cuidado de inmigrantes en los próximos tres años.
La crisis migratoria comenzó el verano del año pasado, con los envíos de autobuses desde estados del sur de EE.UU. gobernados por políticos republicanos, en especial Texas, pero se ha agravado recientemente con el fin de la política fronteriza del Título 42, que les bloqueaba el paso por cuestiones sanitarias.
En el presupuesto federal también destaca la inversión de 4.800 millones de dólares en el ámbito de la salud mental, con una asignación de 12.400 millones en los servicios de apoyo y vivienda para personas sin hogar que padecen enfermedades mentales graves o que tienen cuestiones pendientes en los tribunales.
EFE
