En los últimos diez años ha proliferado la invasión de personas externas, a territorios ancestrales de los pueblos indígenas, donde actualmente se ven casas y sembradíos, alertó la lideresa indígena Uwöttüja, Amelia Conde.
Conde denuncia que por la violencia y arbitrariedad de grupos armados que se adueñan de extensas zonas de tierras para dedicarse al narcotráfico y la minería ilegal.
“Cada vez llegan más personas a tomar nuestras tierras, sin pedir permiso ni tener consideración. Hemos denunciado esta situación a las autoridades competentes, pero hacen caso omiso, tenemos miedo por nuestras vidas”.
En entrevista con el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), recordó que el marco legal venezolano reconoce el derecho al hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas.
“El Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas, su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles”.
Sin embargo, el control ilegal y arbitrario de sus territorios está tan normalizado y amparado por los funcionarios de seguridad nacional que las comunidades indígenas deben cumplir horarios en los que se les permite transitar por ese territorio en específico, de lo contrario son maltratados y hasta amenazados de muerte por estos grupos armados.
Investigaciones de prensa nacional han reportado la existencia de al menos 7 grupos que ejercen el poder de forma ilegal en el sur de Venezuela y que practican al menos 21 tipos de delitos diferentes.
Amelia Conde, quien es también familiar de Virgilio Trujillo, líder indígena asesinado en junio 2022 tras denunciar la minería ilegal y la presencia de grupos armados en Amazona, pidió a las autoridades justicia y protección para su pueblo.
El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) denunció que entre 2013 y 2021, han habido 32 líderes indígenas y ambientales asesinados: a 21 de ellos los asesinaron sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
