El expresidente filipino Rodrigo Duterte confirmó este viernes su identidad y fecha de nacimiento con dificultades y voz cansada, en su primera comparecencia ante la Corte Penal Internacional (CPI), y su abogado denunció que el exdirigente fue “secuestrado de su país” y su extradición a La Haya fue una “entrega extrajudicial”.
Duterte participó en la audiencia inicial por videoconferencia desde el Centro de Detención de la CPI, que está a poco más de dos kilómetros de la Corte, y confirmó su identidad con una voz cansada, de forma lenta, con ojos prácticamente cerrados y con dificultades. Los jueces le autorizaron a no acudir al tribunal porque acaba de “realizar un largo viaje”.
El expresidente “no está en condiciones de aportar nada a esta audiencia”, señaló su abogado, Salvador Medialdea, aunque la Sala le advirtió de que los médicos del Centro de Detención están pendientes de la salud de Duterte y ellos consideran que “sí está en forma” para participar en el proceso.
Medialdea habló de una “entrega extrajudicial” y tildó lo ocurrido de “pura y simplemente un secuestro” desde su propio país. Además, consideró que la extradición a La Haya se realizó “de forma coordinada por adelantado”, como parte de lo que llamó un “ajuste de cuentas políticas” en Filipinas.
Además, aseguró que después de su aterrizaje en Países Bajos el pasado miércoles, Duterte fue trasladado a un hospital, donde las autoridades del tribunal decidieron mantenerlo “bajo observación”, y denunció que no fue hasta este viernes por la mañana, horas antes de la audiencia, cuando se le permitió reunirse con él “menos de una hora”, por lo que no “tuvo tiempo de sentarse” con su cliente para explicarle el contenido de la orden de arresto.
Ataviado con traje y corbata azul, y con apariencia de una salud deteriorada, Duterte estaba sentado en una silla mientras la cámara le enfocaba la mitad del cuerpo. Mantenía las manos cruzadas y mostraba dificultades para sostener la cabeza y participar en la audiencia, aunque la jueza insistió en varias ocasiones en que se está teniendo en cuenta su salud y que los médicos han dado el visto bueno.
La jueza presidenta no le solicitó que se pusiera en pie, como es habitual en estos casos, y le leyó un resumen de sus derechos, lo que incluye el acceso gratuito a un intérprete, tiempo y material para preparar su caso, y le recordó su derecho a mantener silencio y a no declararse culpable.
Su hija Sara Duterte, actual vicepresidenta de Filipinas, siguió la audiencia desde el tribunal, junto al público autorizado.
La Sala recordó que esta audiencia de hoy no es el inicio oficial del juicio. La primera sesión, que será para confirmar los cargos, tendrá lugar el próximo 23 septiembre y el procedimiento judicial se llevará a cabo en inglés, a petición del propio expresidente, según anunció hoy la CPI.
En la orden de arresto emitida el 7 de marzo, los jueces creen que “existen motivos razonables” para vincular a Duterte con el crimen de lesa humanidad de asesinato, presuntamente cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. El crimen fue parte de un ataque “tanto generalizado como sistemático”.
Según estadísticas oficiales de la policía, más de 6.000 filipinos fueron asesinados en la “guerra contra las drogas» de Duterte, en su mayoría personas empobrecidas en zonas urbanas. Grupos de derechos humanos en Filipinas sostienen que la cifra real supera las 30.000 víctimas, y muchos niños estuvieron entre los asesinados o sufrieron las graves consecuencias de la campaña de Duterte.
