Las autoridades venezolanas y los “colectivos” han cometido abusos generalizados desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 111 páginas, “Castigados por buscar un cambio: Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela”, documenta las violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos durante las protestas y en los meses posteriores. El informe vincula a las autoridades venezolanas y a grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, con abusos generalizados de derechos humanos. Estos abusos incluyen asesinatos de manifestantes y transeúntes, desapariciones forzadas de miembros de la oposición y de ciudadanos extranjeros, detenciones y procesos penales arbitrarios contra adolescentes y otras personas, y torturas y malos tratos a personas detenidas.
“El gobierno venezolano ha asesinado, torturado, detenido y desaparecido a personas que apostaron por la democracia en Venezuela”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debería reafirmar su compromiso por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y presionar para que el gobierno de Maduro rinda cuentas por las atrocidades que ha cometido”.
Human Rights Watch entrevistó a 101 personas, incluyendo víctimas y sus familiares, testigos, defensores de derechos humanos, periodistas y otras fuentes locales por teléfono y en persona, entre julio de 2024 y abril de 2025. Human Rights Watch también analizó y verificó 76 videos y 17 fotografías relacionados con incidentes de represión poselectoral que fueron publicadas en redes sociales o enviadas directamente a los investigadores, certificados de defunción de personas que fallecieron durante las protestas y otra documentación relacionada con detenciones y procesos penales.
Después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que Nicolás Maduro había sido reelegido presidente. Los observadores electorales internacionales, en particular el panel de expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter, plantearon serias dudas sobre la legitimidad de los resultados. El Centro Carter concluyó que las actas de escrutinio recogidas por la oposición mostraban que, con una gran probabilidad, el candidato opositor Edmundo González había ganado por un margen significativo.
Veinticuatro manifestantes y transeúntes fueron asesinados durante las protestas que se produjeron en todo el país inmediatamente después de las elecciones. La evidencia recopilada por Human Rights Watch indica que las fuerzas de seguridad venezolanas serían responsables de algunos de estos asesinatos. En otros casos, los “colectivos” serían los responsables. Inicialmente, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y llevaron a cabo detenciones durante las protestas, que fueron seguidas de ataques o intimidaciones por parte de miembros de los “colectivos” dirigidos a quienes continuaban manifestándose.
Desde las elecciones, más de 2.000 personas han sido detenidas por protestar, criticar al gobierno o apoyar a la oposición. Las autoridades han acusado a cientos de personas de delitos definidos de manera amplia como “incitación al odio” y “terrorismo”, que conllevan penas de hasta 30 años de cárcel.
Varios detenidos han sido víctimas de desaparición forzada, lo que ha obligado a sus familiares a buscarlos en diversos centros de detención e incluso en morgues. Entre las víctimas de desapariciones forzadas figuran miembros de la oposición y sus familiares, así como decenas de ciudadanos extranjeros.
El 14 de septiembre de 2024, las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron al colombiano Manuel Tique, un trabajador del Consejo Danés para los Refugiados de 32 años, cuando cruzaba la frontera terrestre colombo-venezolana por trabajo. Las autoridades venezolanas se han negado a proporcionar información a los familiares sobre el paradero de Tique o los cargos penales que se le imputan. Su familia sospecha que se encuentra en la cárcel Rodeo I, de acuerdo con información obtenida por una persona que estuvo detenida allí.
El 8 de enero, Lucas Hunter, un turista franco-americano de 37 años, le dijo a su hermana que las fuerzas de seguridad venezolanas lo habían detenido cerca de la frontera con Colombia. En un mensaje de audio que envió ese día a su familia, les dijo que las fuerzas de seguridad lo habían interrogado durante cuatro horas y que probablemente lo llevarían a Caracas. Desde entonces, su familia no ha sabido nada de él. Las autoridades les han negado información sobre su paradero y el motivo de su detención.
Las autoridades venezolanas han detenido arbitrariamente a un gran número de personas, violando de forma flagrante el debido proceso. A muchos se les ha negado la representación de un abogado de su elección o el acceso a sus expedientes. Algunos fueron procesados en audiencias virtuales y en grupo, lo que menoscababa sus derechos.
El 10 de diciembre, Jesús Armas, un exconcejal de Caracas y miembro de la campaña de la oposición, fue detenido a la fuerza por hombres encapuchados cuando salía de una cafetería en la capital. Durante casi una semana, las autoridades se negaron a informar sobre su paradero o a aceptar la petición de habeas corpus presentada por su familia. Armas luego le dijo a su pareja que lo habían recluido en un centro de detención clandestino, donde agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) lo torturaron, asfixiándolo con una bolsa, mientras lo interrogaban acerca de personas de la oposición. Armas permanece detenido sin acceso a visitas por parte de su familia o abogado.
El Ministerio Público dice que ha excarcelado a cientos de detenidos, pero muchos continúan con procesos penales abiertos. Muchos han sido obligados a firmar documentos que les prohíben revelar información sobre su detención o sus procesos judiciales. Algunos fueron obligados a grabar videos en los que decían que sus derechos fueron respetados durante la detención.
Desde que comenzó la represión, muchos venezolanos han abandonado el país en búsqueda de protección en el exterior. Muchos se enfrentan a sistemas de asilo plagados de retrasos en América Latina y a procesos de reasentamiento hacia Estados Unidos que han sido suspendidos por la administración Trump.
La administración Trump parece estar priorizando la cooperación en cuestiones migratorias y la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela por encima de esfuerzos más amplios por defender los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela. Dado el peso diplomático de Estados Unidos en la región y la preocupación por la migración en América Latina, es probable que otros gobiernos adopten enfoques similares, señaló Human Rights Watch.
Es probable que Maduro utilice esta cooperación a corto plazo para intentar legitimar su concentración de poder. Con ello, sentaría las bases para aumentar la represión en Venezuela, lo cual podría desencadenar nuevos éxodos de refugiados y migrantes venezolanos.
Los esfuerzos internacionales deberían centrarse en contrarrestar el sistema de incentivos del régimen de Maduro, que premia a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas para asegurar su lealtad, mientras castiga, tortura y obliga a exiliarse a los críticos, opositores e incluso a los miembros de las fuerzas de seguridad que apoyan la democracia y los derechos humanos. Deberían apoyar los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas, incluyendo mediante la imposición sanciones individuales y el respaldo al trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) y de la Corte Penal Internacional (CPI).
Los gobiernos extranjeros deberían ampliar la asistencia dirigida a organizaciones de la sociedad civil venezolana, periodistas independientes y organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos. También deberían ampliar urgentemente la protección para las personas obligadas a abandonar el país.
“Con ocho millones de venezolanos en el extranjero, la situación en Venezuela constituye la crisis de derechos humanos con más consecuencias para el hemisferio. Una respuesta internacional sostenida y basada principios claros es crucial para toda la región”, afirmó Goebertus. “Los gobiernos extranjeros deberían asegurarse de que cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro sea para lograr mejoras verificables en materia de derechos humanos, incluyendo la liberación de las víctimas de desaparición forzada o detención arbitraria”.
