Un año en prisión cumple este 15 de abril el periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas. Ha sido un año sin un juicio claro y sin derecho a la defensa, denuncia la esposa del comunicador, Francy Fernández. El líder social está recluido en el centro de torturas El Helicoide.
Fernández recordó todos los detalles de la detención. “Fue el 15 de abril de 2024 a las 7:40 pm, cuando nos dirigíamos al Sambil de la Candelaria”, rememora. “Hombres vestidos de negro, sin mediar palabra, sin orden de nada, lo metieron en una camioneta y se lo llevaron”.
Dos días después, en horas de la noche, Rojas fue presentado ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo. No se le permitió la defensa de confianza. Como lo denunció en su momento la organización Espacio Público, se violó el debido proceso y no se garantizó la comunicación con sus familiares. “A Carlos Julio lo engañaron, porque le dijeron que estaba allí por la causa de 2015, pero después, en el tribunal, lo acusaron de magnicidio en grado de tentativa”, refiere Fernández.
Las autoridades lo responsabilizaron públicamente de la presunta comisión de los delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa. Pero su esposa insiste en que “es un hombre de paz y de palabra, un líder comunitario incapaz de participar en hechos violentos”.
Sin derecho a la defensa
En este año de cárcel Rojas no ha tenido pleno derecho a la defensa: “Tiene un abogado impuesto por el Estado, a quien solo he podido ver en dos oportunidades”, explica Fernández. “El defensor no está pendiente del caso de mi esposo. Y cuando voy a buscar información, la respuesta es ‘no tenemos sistema’. Así ha sido todo este año”.
Eduardo Torres, el abogado defensor que no ha sido aceptado por el tribunal, enfatiza que en estos meses la defensa privada no ha podido juramentarse; “no se conoce nada sobre las pruebas de los delitos infundados que le fueron imputados”. Él es periodista, y como tal “ha sido una voz para la población venezolana, no es una amenaza para nadie”.
La familia también está presa, afirma Fernández. “Es fatal. La vida te cambia. Nos toca esperar una llamada para saber cómo está. Tenemos que esperar para todo. Nos entregamos al problema y también nos sentimos presos”.
En este largo año de prisión Amnistía Internacional calificó a Rojas como preso de conciencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó medidas cautelares a su favor, y por su libertad también ha abogado el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
“Exigimos que Carlos Julio sea liberado de inmediato. Carlos Julio no ha cometido ningún delito”, subraya Fernández. Un año después, mantiene la convicción de que su esposo recuperará la libertad porque es inocente.
